AFP.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó este miércoles de “traición a la patria” a la mayoría opositora del Parlamento por pedir a la OEA evaluar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana en el país.

“Lo que hicieron ayer [por martes] constituye delito de traición a la patria y así lo declaro como jefe de Estado, y tiene que haber justicia”, dijo el mandatario en una transmisión televisiva.

Esa violación es castigada con penas de 20 a 30 años de cárcel, según el código penal.

Maduro le solicitó al diputado oficialista Víctor Clark denunciar a los “peleles del imperialismo que desde la Asamblea están en campaña apoyando documentos para la intervención de Venezuela”.

El Legislativo aprobó el martes un acuerdo que pide al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) evaluar la aplicación de la Carta Democrática en Venezuela y contribuir a que se “restituya el derecho al voto”.

La iniciativa se tomó a propósito del informe que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, entregó el 14 de marzo al Consejo Permanente pidiendo la aplicación de la Carta Democrática y suspender a Venezuela como miembro si no celebra elecciones generales en breve.

“Lo grave es que personas investidas de autoridad, unos diputados, hayan pedido que se intervenga Venezuela (…) Que después no salgan a lloriquear, pero el Estado tiene que actuar con severidad vertical, constitucional y dureza justa”, sostuvo el presidente.

Diputados chavistas acudieron este miércoles al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a pedir la nulidad del acuerdo legislativo, al considerarlo un “delito constitucional”.

La misiva de Almagro es una versión actualizada del reporte sobre Venezuela que presentó en junio de 2016 y que abrió un debate en la OEA, aún sin conclusión.

Maduro, sin embargo, desestimó la legalidad de lo aprobado por el Parlamento porque, aseguró, “está ilegal, no vale nada lo que aprueba”.

El TSJ -acusado por la oposición de servir al gobierno- declaró a la Asamblea en desacato y “nulas” todas sus decisiones por considerar que no desvinculó formalmente a tres diputados opositores acusados de fraude electoral.

Según Almagro, el gobierno venezolano “viola con impunidad los derechos de sus nacionales, mantiene presos políticos sólo por el hecho de disentir, tortura, roba, corrompe, trafica drogas y mantiene a su población sometida a la falta de alimentos, de medicinas y de dinero para subsistir”.