(AP).- Cerca de 1,500 policías y soldados hicieron una incursión sorpresiva en el distrito de Huepetuhe, Madre de Dios, y destruyeron maquinaria con valor de US$ 20 millones para detener las actividades ilegales de minería que han causado graves daños ecológicos en toda la región.

La operación, llevada a cabo ayer, fue la primera desde que se decretó la prohibición a la minería ilegal, que entró en vigor el 19 de abril. Fuerzas del orden, acompañadas de fiscales, destruyeron 15 retroexcavadoras, 45 generadores de electricidad y bombas de agua, y nueve dragadoras en Huepetuhe, que ha experimentado un auge en la explotación de minerales desde la década de 1980.

Algunos edificios adyacentes quedaron en llamas debido a las explosiones, pero no se informó de heridos. Policías y soldados desalojaron los campamentos antes de iniciar la destrucción.

“Estamos usando métodos y estrategias especialmente diseñados para evitar la violencia”, dijo Daniel Urresti, alto comisionado para la formalización de la minería en la PCM. “No ha habido un solo lesionado”, agregó.

En Madre de Dios, los mineros utilizan toneladas de mercurio para procesar el oro que extraen de la tierra y han devastado los bosques y envenenado los ríos en una región de gran biodiversidad en la que también viven tribus indígenas aisladas voluntariamente.

Antes de que se cumpliera el plazo, el Gobierno comenzó a reducir las entregas de gasolina para la maquinaria minera de la región selvática. Entre las medidas empleadas para acabar con la mimería ilegal se incluye la confiscación de oro ilegal en los aeropuertos domésticos y la destrucción mediante explosivos de las refinerías de oro ilegales en Chala y Nazca.

“La gente estará hambrienta”, dijo Luis Otzuka, presidente de la organización Fedemin, que representa a los mineros informales. “Esto es propio de un gobierno dictatorial y autoritario”.

El dirigente señaló que su grupo enviará una delegación a Lima, la capital del país, el martes para apelar el cierre de operaciones. “En el transcurso de esta semana, habrá huelgas”, dijo Otzuka.

Urresti, por su parte, aclaró que “no se ha intervenido a los mineros que están en proceso de formalización, sino a aquellos ilegales que vienen realizando esta actividad hace más de cuarenta años en la zona”.

El alto funcionario indicó que el gobierno emitirá pronto un decreto para invertir US$ 35 millones en proyectos de obra pública en la región para ofrecer empleo a los mineros en las áreas de agricultura, ecoturismo y otras. “Sabemos que no podremos erradicar la minería ilegal a menos que resolvamos el problema social”, sostuvo.