El plazo para poner fin a la minería ilegal en Perú ha dado muchas vueltas, mientras unos 40,000 mineros aún operan en las sombras ignorando la fecha límite que les puso el gobierno para que se registren ante las autoridades estatales y obtengan los correspondientes permisos, dijeron las autoridades el lunes.

El gobierno informó que 70,000 sobre un total de 110,000 mineros se embarcaron en el proceso de registrarse como trabajadores formales, lo que les requerirá que empiecen a pagar impuestos y presentar declaraciones de impacto ambiental. “El proceso fue un éxito”, dijo el ministro de Medio Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, en la radio RPP.

Los críticos, sin embargo, dijeron que el número de mineros que se han registrado es menor de lo esperado, y que la minería ilegal no ha disminuido, sino que sigue ensuciando ríos y bosques y evadiendo los esfuerzos del gobierno para traer a los mineros a la economía formal.

Aunque miles de mineros se registraron para formalizar su situación, sólo un número pequeño ha completado el complejo proceso, dijo Miguel Santillana, economista y experto en minería del Instituto del Perú, un grupo de políticas públicas con sede en Lima.

Es mucho lo que está en juego en un país que vive de la minería. Funcionarios del gobierno dicen que el mercado ilegal de oro representa casi US$ 3,000 millones por año, más del doble del tamaño de la importante industria peruana de la harina de pescado.

Los altos precios del oro de años recientes han impulsado a los mineros ilegales a excavar nuevas vetas del metal precioso en las montañas de los Andes. Miles de mineros, que operan sin permisos y que violan las regulaciones estatales, también han penetrado profundamente en la selva amazónica para excavar con sus sartenes ríos y arroyos, sobre todo en la región de Madre de Dios, en el sureste de Perú y rica en vida silvestre.

El aumento de la minería ilegal ha alarmado a los grupos ambientalistas, que dicen que los mineros utilizan mercurio altamente tóxico y que su llegada a territorio virgen a menudo anticipa la llegada de nuevos colonos.

Daniel Urresti, director de la oficina de gobierno que tiene a su cargo la formalización de la minería, dijo el lunes en una entrevista que el gobierno ha adoptado un enfoque de la zanahoria y el garrote para hacer frente a la minería ilegal: las autoridades han incautado oro producido por la minería ilegal, han explotado con dinamita las bombas que los mineros usaban para extraer oro de los ríos, y han intensificado los esfuerzos para detectar el tráfico de oro producido ilegalmente, según las autoridades.

El gobierno del presidente Ollanta Humala ha prometido también que los mineros podrán continuar su trabajo si se suman al proceso de formalización de sus operaciones, siempre y cuando actúen fuera de los parques nacionales y otras áreas protegidas.

“Este es un problema que ha estado sucediendo en los últimos 40 años y que se ha multiplicado hace 20 años”, dijo Urresti. “Todos los gobiernos han mirado para otro lado mientras el problema crecía”.

Por ahora, sin embargo, poco ha cambiado, dijo César Ipenza, abogado ambiental y experto en la minería informal. “Los mineros informales siguen operando, y continúan el daño ambiental “, dijo Ipenza. El gobierno, indicó, “no ha sido capaz de controlarlos en la práctica. Ha sido un fracaso”.

Ipenza también puso en duda que los esfuerzos para motivar a los mineros a unirse al sector de la minería formal continúen mientras Perú se prepara para las elecciones regionales y municipales de octubre.

Los analistas políticos creen que muchos candidatos se centrarán en otros temas e ignorarán en gran medida la minería ilegal, que generalmente se lleva a cabo en regiones escasamente pobladas. “El tema de la minería va a ser dejado en un segundo plano”, dijo Ipenza.

Urresti, cuya oficina registra los mineros, no estuvo de acuerdo, diciendo que las políticas del gobierno no sólo son una prioridad, sino que están teniendo un impacto, incluso en regiones remotas como la selva de Madre de Dios.

“Estamos erradicando los mineros ilegales, hemos hecho una gran cantidad de operaciones”, dijo. “En Madre de Dios la minería ilegal será erradicada este año”.

Urresti dijo que esperaba que los mineros que no están registrados pero hoy trabajan en regiones donde la minería está permitida vean sus operaciones legalizadas en 2016. Los mineros, sin embargo, se han resistido.

Neil Villalba, un minero de oro a pequeña escala en la zona de Puno, en el sur del país, se registró antes de la fecha límite, tornando legal su actividad.

Sin embargo, dijo que el gobierno hizo el proceso de convertirse a la formalidad demasiado burocrático para muchos, exigiéndoles documentos y permisos que pocos de los mineros sin licencia son capaces de obtener. También dijo que la minería de oro significó para él y otra gente pobre un golpe de suerte que no pueden encontrar en ningún otro sector.

“Con los otros negocios, las cosas pasan lentamente”, dijo Villalba al explicar que la minería de pequeña escala ha sido un motor impulsor de la economía local en su área, conocida como Ananea. “Con el oro, una persona ganar algún dinero muy rápido”.

Los mineros sin licencia han luchado enérgicamente contra el gobierno mediante la celebración de protestas durante los dos años de Humala en el cargo.

El mes pasado, decenas de miles de mineros bloquearon carreteras en todo el país. Después de eso, el gobierno firmó acuerdos con varios grupos, con la promesa de ser flexible con los que habían hecho un esfuerzo para inscribirse en el proceso de formalización.

“Creo que el gobierno quiere que desaparezcamos, pero va a ser difícil porque somos muchas personas, más de 300.000 (mineros) informales en todo el país”, dijo Hernando Santos, un minero informal de oro de 38 años de la región de Ayacucho, durante una de las recientes protestas en Lima.

José de Echave, ex viceministro de Ambiente, dijo que hay mucha incertidumbre sobre la eficacia de los esfuerzos del gobierno para formalizar a los mineros. Pero advirtió que el problema se ha vuelto más complejo a medida que más y más personas se han dirigido a la minería ilegal.

“No creo que sea posible resolver rápidamente un problema que ha ido creciendo en los últimos 20 años”, dijo de Echave. “Lo que tenemos que mirar es si la tendencia de la expansión de la minería informal comienza a revertirse debido a las políticas del gobierno”.