La expropiación de predios necesarios para el desarrollo de distintos proyectos de inversión o ampliaciones, se ha convertido en todo un dolor de cabeza para el Ejecutivo en sus esfuerzos por destrabar proyectos de infraestructura pendientes.

Según detalló la viceministra de Transporte, Fiorella Molinelli, cuando empezó la administración de PPK tenía 40,000 predios por expropiar, de los cuales – hasta el momento – solo se han liberado 11,000.

Teniendo un largo aun camino por recorrer para alcanzar dicha meta. En ese contexto: ¿Qué problemas han surgido al tratar de ejecutarse las expropiaciones pendientes?

El último reporte de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) identifica siete:

1.- Según el Código Civil, la transferencia de propiedad en el país es consensual, es decir, sin que sea necesaria la inscripción de las transferencias en el Registro de Propiedad Inmueble, por lo que la mayor parte de los predios no se encuentran inscritos.

2.- El catastro a nivel registral no está actualizado con un sistema de coordenadas eficiente, por lo que de los 8.5 millones de predios que tienen una partida registral abierta en el Registro de Predios, casi la mitad carece de una base catastral que permita identificar con precisión su ubicación y sus linderos.

3.- Solo el 30% del total de los predios del Estado están registrados a su favor en el Sistema Nacional de Bienes del Estado (SINABIP).

4.- Otro problema identificado es que en el Sistema Nacional de Catastro, creado por la Ley N° 28294, no ha sido vinculado a Registros Públicos.

Además, la elaboración del catastro figura como una competencia de las municipalidades provinciales según el Artículo 79° de la Ley Orgánica de Municipalidades. No obstante, hasta el momento la mayoría de municipalidades no han cumplido con elaborar el catastro de sus respectivas jurisdicciones por su falta de capacidad técnica y la gran cantidad de recursos que implica.

5.- Existen problemas con las tasaciones que emite la Dirección de Construcción del MVCS y las del propio Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), por diversas circunstancias tales como valores fuera de mercado que generan rechazo del afectado, dificultades para fijar valores de lucro cesante y daño emergente por la informalidad en la actividad económica que se realiza en el inmueble afectado.

A lo que se suma la falta de suficientes especialistas en el tema. Esta dificultad genera excesiva dilación a un proceso que debiera ser expeditivo.

6.- Otro problema hallado es la ocupación irregular de inmuebles de dominio público del Estado (de parte de personas que no son poseedores, pero viven en esas propiedades por muchos años).

7.- A lo que se suma problemas en la gestión y ejecución del presupuesto respectivo. Muchas veces se cierran acuerdos que no pueden implementarse por la demora en realizar los pagos y la pérdida de la confiabilidad.

Para AFIN lo descrito solo se refiere a la liberación de predios (expropiación o adquisición directa), siendo otro problema de mayores dimensiones el saneamiento de los inmuebles que se pretenden liberar. Así, según la entidad, el saneamiento de inmuebles representa un esfuerzo económico mayor y con implicancias legales de mayor profundidad.

Entre los problemas que representa el saneamiento de inmuebles, en particular, está el hecho de que los bienes inscritos generalmente presentan actos pendientes de inscripción tales como: declaratoria de fábrica, sucesiones intestadas, rectificación de áreas y linderos, transferencias de propiedad no regularizadas.

En concreto, sanear estas situaciones demanda tiempo y recursos. “Únicamente nos estamos refiriendo a los inmuebles inscritos en Registros Públicos. Imagínense el resto de propiedades del país que aún no están registradas”, subraya el reporte de AFIN.

¿Qué hacer? Al respecto, afirma que exigir el saneamiento físico legal previo a la ejecución de proyectos es pedir prácticamente un imposible.

“Si bien es necesaria la identificación previa de los predios a afectarse en determinado proyecto (a través de un proceso de identificación física y legal), más importante aún resulta la caracterización socio económica de las áreas a afectarse, la identificación de los actores involucrados, y la elaboración de las estrategias de intervención y de comunicación respectivas”, recomienda.

También es necesario, apuntala, darle mucho mayor protagonismo a la adquisición de predios y la liberación de áreas a través de un marco más adecuado y flexible, que reconozca y se adapte a la realidad que se identifica en el campo, y así evitar también conflictos sociales, formando además equipos especiales para cada proyecto.

“Por ejemplo, en el MTC se utiliza el Plan de Compensación y Reasentamiento Involuntario (PACRI) que, con los ajustes necesarios en el sentido señalado, serviría para enfrentar mejor la liberación de predios afectados”, explica.