El Decreto Legislativo N°1258 (ver aquí), publicado hoy en El Peruano, podría beneficiar con un menor pago de Impuesto a la Renta a unos 250,000 trabajadores, independientes y en planilla, sostuvo el abogado tributarista Jorge Picón.

Sin embargo, estimó que el impacto no sería significativo para formalizar la economía pues se pensaba que la deducción adicional sería mucho mayor.

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Este decreto, que modifica la Ley de IR, permite a los trabajadores dependientes e independientes deducir voluntariamente para el cálculo de este tributo gastos de hasta 3 UIT adicionales a las 7 UIT vigentes (S/ 27,650), que no tiene necesidad de acreditar facturas.

“Ahora se les ha dicho que pueden deducir hasta 3 UIT adicionales al año pero deberán acreditarlos con facturas y recibos por honorarios”, dijo.

“Los gastos deberán ser sustentados mediante comprobantes físicos y electrónicos y guardados por los contribuyentes algunos años, en caso de que la Sunat los solicite”, agregó.

Los rubros a tomar en cuenta para hacer esta deducción adicional son: honorarios profesionales de médicos y odontólogos (con límite del 30% de los honorarios), gastos por el pago de alquileres (con límite de 30% de la renta) y los intereses de créditos hipotecarios para la adquisición de primera vivienda.

No se incluyó los gastos en educación. Asimismo, la norma incluye otros servicios profesionales que generen rentas de cuarta categoría, que serán determinados en el reglamento, y las aportaciones a EsSalud que se paguen a las trabajadoras del hogar.

Los empleadores, al retener el impuesto a la renta de cuarta categoría, tendrían complicaciones administrativas cuando sus trabajadores les pidan acogerse a la deducción de las 3 UIT adicionales, señaló Picón.

“Las empresas con un número importante de trabajadores en planilla deberán asumir el costo administrativo para la devolución de estos gastos mensuales, que se deberán devolver a partir del 2018, a solicitud del trabajador”, puntualizó.

Dependerá del número de trabajadores que se acojan a la medida para evaluar posibles impactos negativos a la recaudación fiscal.