La publicación de un informe de la policía federal de Brasil que vincula al presidente Ollanta Humala con el presunto cobro de coimas por parte de la constructora Odebrecht ha vuelto a poner en el ojo de la tormenta al proyecto del Gasoducto Sur Peruano (GSP) que aún no ha concretado su financiamiento.

El director ejecutivo de Odebrecht Latinvest en Perú, Jorge Barata aseguró a Gestión que “todo está funcionando bien” en cuanto al financiamiento que requiere el megaproyecto para su ejecución, tras su presentación en la Comisión del Congreso encargada de investigar el Caso Lava Jato en Perú.

A fines de noviembre del año pasado los comités de crédito correspondientes a un grupo de 20 bancos postergaron los US$4.100 millones de financiamiento que solicitaba la firma brasileña, luego del arresto en junio del 2015 de Marcelo Odebrecht, que era el máximo responsable ejecutivo del holding en ese momento.

El Gasoducto del Sur, de 1.134 kilómetros, es una infraestructura que demandará más US$7,000 millones para su construcción (operación y mantenimiento) y cruzará los Andes desde la reserva gasífera Camisea, en la selva del Cusco, para llegar a la costa sur de Perú donde se espera alimente de energía a grandes mineras y centrales eléctricas.

Sin embargo a inicios de setiembre del 2015, una auditoría de la Contraloría General de la República detectó cinco irregularidades en la licitación del gasoducto, adjudicado en junio del 2014 al consorcio integrado por Odebrecht y la española Enagás.

Entre los puntos que cuestionaba la Contraloría en ese momento destacaba que en la licitación un postor fue descalificado sin que haya vulnerado a las bases del concurso, las bases no permitían evaluar la calidad de las propuestas de los postores y supuestamente en la versión final del contrato cambiaron las cláusulas en beneficio del ganador.

Ahora la firma brasileña está a la espera de la firma de una adenda con el Gobierno peruano para que asegure la operación financiera que permita avanzar con la construcción del gasoducto, pero los recientes escándalos y la proximidad del cambio de gobierno generan sombras sobre esta posibilidad.