El suplemento Minera de Gestión conversó con el exministro de Energía y Minas, Juan Incháustegui, sobre su balance del año en minería. De cara al futuro, el también director de Cementos Pacasmayo y vicepresidente de UTEC ve con optimismo el derrotero del sector. Aquí sus opiniones por cada tema específico.
¿Cuál es su balance del año en minería?
Un poco claroscuro. El Gobierno se demoró en agilizar los trámites y permisos. Todos sabíamos que la inversión minera estaba sufriendo atascos por una burocracia cada vez más ineficiente y asustada. Debió anticiparse, porque hay inversiones que están pendientes. Pero ahora las cosas están evolucionando para mejor. Soy optimista.
Estuvo marcado por la caída de los metales.
Los mineros están acostumbrados y preparados ante estas variaciones. Han venido reduciendo costos y soportarán lo que viene. Pienso que las cosas no se precipitarán en una crisis de los metales que nos arrastre. Este momento pasará y, si somos más eficientes y productivos, deberíamos de ser capaces de invertir más. Hay proyectos que están casi en carrera. Ya se inauguró Toromocho. Luego viene Las Bambas. Y pensemos en Conga, Galeno y Michiquillay.
¿Qué dimensión tiene el impacto externo?
Es un bache menor. No es de la magnitud que hemos vivido en el pasado. El oro estaba a US$ 270 la onza y ahora nos quejamos porque está por los US$ 1,200. La plata valía US$ 4 la onza y ahora está en US$ 19. Siempre habrá demanda de minerales.
¿Fue el Gobierno quien no supo enfrentarlo?
Resultó un poco atrapado entre las presiones internacionales y ambientales. También por las ONG y algún gobierno regional. Y, por otro lado, no tenía la preparación suficiente, ni una visión clara de lo que quería hacer al principio. Me parece que ahora ya la tiene. Ahora tiene que actuar y trabajar bien.
Nuevamente el canon saltó al debate.
Es un escenario bastante complejo y no será sencillo resolverlo. El primer ministro César Villanueva ya anunció que enfrentará este tema. La solución de crear un fondo para tomar recursos en época de excedentes y distribuirlo entre aquellos que no tengan el canon es buena, pero hay que diseñarla bien. No cabe duda que es necesario. Es un proceso de consenso. Y el Gobierno debe ‘venderlo bien’ para que todos entiendan los beneficios.
¿Realmente sumaron las obras por impuestos?
Los ejemplos concretos son sumamente auspiciosos. Hay que mirarlos y repetirlos. Al principio este mecanismo estaba sumamente trabado. Pero después se desbrozó el camino y lo que viene será mejor porque ya la trocha está abierta. Y casos de concertación, como la planta de tratamiento de agua de Cerro Verde, e iniciativas similares de otras compañías, son ejemplos interesantes. Esto debería manejarse con gran dinamismo.
¿Fue un año de preocupación ambiental?
Sí. Se está tratando de consolidar y centralizar una dispersión de normas. Por eso se creó el Senace. Pero eso está tomando mucho tiempo. Tenemos que acelerar estas cosas, porque sino se nos pasará el tren de la demanda de minerales.
¿Hay una sobreregulación?
Yo lo veo en un sentido equilibrado. Hubo falta de soluciones dinámicas y técnicas en el tema de los estándares de calidad ambiental (ECA) del aire, por ejemplo. Pero también muchas empresas no solo no cumplían con las multas, sino que acudían al Poder Judicial para nunca pagarlas. Hay razones de ambas partes.
Pero en los ECA se retrocedió.
Es síntoma de que estuvo influenciado por extremistas ambientalistas y la falta de conocimiento y dominio de esos temas. Estas cosas son relativamente nuevas, entonces uno tiene que tener capacidades, conocimientos y preparación para afrontarlas y regularlas bien.
¿Qué análisis amerita los conflictos?
Si uno compara con el escenario de hace dos años, creo que hay razones suficientes para ser optimistas. El señor Vladimiro Huaroc está concertando voluntades y jugadores en todo este proceso. Hasta hace poco, teníamos conflictos vivos. Las cosas pintan bastante mejor.
¿Qué opina sobre la ley de consulta previa?
Es un tema importante. Pero hay que distinguir el trigo de la paja: hay comunidades que se generan de último tiempo, muchas de ellas con carácter especulativo y de propiedad inmobiliaria. No tienen ninguna raigambre, como en la Amazonía donde sí hay pueblos originarios. Y el Gobierno debe tener el papel protagónico, no la empresa.
¿La zonificación es una incertidumbre?
Es un trabajo que no debe estar ausente. Pero no puede dejar de lado la vocación minera. Sería un gravísimo error. Si es así, tiene que corregirse. La zonificación es transversal, y allí debe considerarse la riqueza geológica de cada lugar, así como la agricultura y demás sectores.
¿Es certera la lucha contra la minería ilegal?
Ese es el problema más crítico. El gobierno debe buscar eficiencia y colaboración. Montar un sistema mucho más eficaz en la interdicción. Tienen que estar activos al 100%, que esto no sea flor de un día. Nadie debe avalar que estos ilegales compren insumos y máquinas. El Gobierno y los que trabajamos en el campo legal debemos asfixiarlos para que no puedan funcionar.
¿Daría resultados un nuevo banco minero?
No. Creo que eso sería una regresión y abrir un camino peligroso. Yo lo pondría en salmuela, porque la experiencia del banco minero, con sus plantas procesadoras, no agregó ni dio soluciones, sino lo contrario: generó una corruptela. Este tema es regulación, interdicción y concertación. Los gobiernos regionales están un poco pintados: tienen la responsabilidad, pero no las herramientas. Hay que coordinar con ellos.
