El exceso de trámites burocráticos y largos procedimientos administrativos han representado un freno para los proyectos de inversión, pero los ingresos que generan a las entidades representan un incentivo perverso para que estas tasas se sigan multiplicando.

El economista jefe del Instituto Peruano de Economía, Pablo Secada estimó que la recaudación por trámites y permisos equivale al 3% del PBI (unos US$6,500 millones), por encima incluso de los ingresos provenientes del impuesto a los trabajadores.

“El IGV es 8% del PBI, Impuesto a la Renta es 7%, de los cuales 5% es personas jurídicas y 2% es personas naturales, es decir el costo de la regulación y las tasas es más que la renta de personas naturales”, detalló el economista en el marco del foro de negocios “Perspectivas de la inversión privada en el contexto electoral”, organizado por CFA Society Peru.

Un reciente informe de la Contraloría de la República reveló, por ejemplo, que existen nueve trámites críticos que frenan la inversión: las certificaciones ambientales, la consulta previa, las autorizaciones y permisos de uso del recurso hídrico, las servidumbres, las licencias y permisos municipales, las autorizaciones para el uso de combustibles y explosivos, las expropiaciones, las interferencias y la instalación de antenas.

Incentivo perverso

Secada sostuvo que las entidades del Estado crean tasas y procedimientos nuevos que les permiten a los funcionarios contar con recursos directamente recaudados y así tener mayor discrecionalidad en su gasto.

“El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tiene mucho control sobre los recursos que tiene como parte del presupuesto pero estos recursos especiales les permiten tener mayor discrecionalidad en su gasto a los funcionarios y lo que han hecho es crear uno tras otro trámite”, criticó.

A su turno, el ex ministro de Economía y actual presidente de la Asociación de AFP, Luis Valdivieso comentó que, por ejemplo, para sacar adelante un proyecto de inversión, este requiere de la firma de 17 directores del MEF, lo que representa una sobre regulación.

“El MEF es un monstruo burocrático pero es cuestión de liderarlo. Con la sobre fiscalización que hubo después del destape de la corrupción del gobierno de (Alberto) Fujimori la gente no quiere firmar o se toman su tiempo para hacerlo”, lamentó.

Ambos economistas coincidieron en la necesidad de que cualquiera sea el candidato que gane estas elecciones, este debe llegar al poder con un paquete de normas para simplificar la burocracia y a ser implementado en los primeros 60 días.