¿Buenas intenciones? Si bien la ley de insolvencia familiar propuesta por el congresista Jaime Delgado busca apoyar a las familias de bajos recursos con deudas acumuladas, eximiéndolas de sus obligaciones, perjudicará a todos los consumidores, advirtió Verónica Zapata, coordinadora de Estudios Económicos del Instituto Peruano de Economía (IPE).
Las instituciones financieras –aseguró- no solo incrementarían las tasas de interés para cubrir el mayor riesgo de otorgar préstamos, sino que en el peor de los casos bloquearán del crédito al sector emergente.
“Los bancos evalúan los segmentos del mercado en conjunto. La ley convertirá a un sector en apestado o no deseable, y se cerrarán las puertas”, alertó.
Con el proyecto, afirmó la analista, los bancos no contarán con información necesaria para diseñar productos dirigidos a los más pobres.
“Puede sonar justo y bonito que para las familias que no pueden pagar sus deudas se busque algún tipo de salida. Pero los términos de la ley son muy preocupantes y ambiguos. Incluso una persona de medianos recursos podría acogerse aduciendo que no puede mantener su estilo de vida”, anotó.
La banca –destacó- viene buscando soluciones para que puedan demostrar sus ingresos los prestatarios del sector emergente, más informales que el promedio de la economía y usualmente con un negocio propio como taxi.
“Si vas a las zonas emergentes, las personas han podido mejorar su situación económica gracias al crédito de la mano de instituciones formales como las microfinancieras. Ahora se van a cerrar las puertas a todos”, lamentó.
Educación financiera
La regulación bancaria –indicó Zapata- debe minimizar los problemas de asimetría de información y obligar a las instituciones a explicar claramente todas las opciones de endeudamiento y sus costos.
“Los bancos te buscarán si has demostrado ser un buen cliente”, indicó la especialista. Por ello el “bombardeo” de tarjetas de crédito por el cual se justifica de la ley debe solucionarse desde el lado de la demanda formando consumidores más responsables.
El Gobierno –recalcó- tiene un rol de educación financiera y por ello la SBS debe iniciar campañas, por ejemplo, para difundir que es conveniente cancelar montos por encima del mínimo exigido. “El Estado ha avanzado mucho en transparencia de la información para el cliente. Recientemente lanzó una nueva legislación sobre cobro de comisiones y tasas”, resaltó.
“¿Qué ley puede salir luego? ¿Alguna que establezca un máximo del crédito para quienes ganan el sueldo mínimo? Están asumiendo paternalistamente que las personas de bajos ingresos no serán responsables. Hablamos del proteccionismo en su máxima expresión”, concluyó.
