El gobierno determinó en el proyecto de Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, que remitió al Congreso para su aprobación, que financiará con un total de S/ 14,358 millones las acciones para disminuir la inseguridad ciudadana y la corrupción en el país.

“El Estado debe garantizar un país seguro, donde se respeten y se hagan cumplir todas las leyes, con el fin de aumentar la confianza, el bienestar y el desenvolvimiento de todos los ciudadanos en la sociedad”, señala el proyecto.

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En el documento se especifica que se destinarán S/ 9,361 millones a Orden Público y Seguridad, y S/ 4,997 millones a fortalecer las acciones en materia de justicia.

En seguridad ciudadana, los recursos permitirán emprender acciones y trabajos que fortalezcan la convivencia pacífica y segura entre los ciudadanos, luchando contra la delincuencia, el crimen organizado y el narcotráfico.

Justamente, las actividades, proyectos y programas destinados a combatir la inseguridad ciudadana del Fondo Especial para la Seguridad Ciudadana serán financiados con S/ 150 millones.

El proyecto también considera recursos para incorporar 8,600 nuevos policías desde enero del 2017, y pagar la bonificación del quinto tramo que favorecerá a más de 124,000 efectivos.

También dispone continuar el Sistema de Recompensas con un fondo de S/ 3 millones para capturar a culpables de delitos de crimen organizado, otros S/ 2.1 millones para encontrar a los acusados de tráfico de drogas y sicariato, S/ 2.5 millones de lavado de activos y S/ 1.1 millones de defraudación tributaria.

Respecto a las acciones en materia de justicia, el Poder Ejecutivo destinará recursos principalmente para la mejora de los sistemas de justicia penal, dentro del cual se encuentra la rehabilitación de establecimientos penitenciarios y la construcción del megapenal de la Ciudad de Ica.

Asimismo, se conformarán seis redes locales de política criminal a nivel nacional, y se implementarán sistemas informáticos y de gestión digital de información que permitan mejorar la operatividad conjunta entre las distintas instituciones que conforman el sistema de administración judicial.

En lucha contra la corrupción, el gobierno de PPK fortalecerá las actividades de fiscalización y control de la gestión pública que están a cargo de la Contraloría General de la República, para que sea más eficaz e íntegra.

“Para tal fin se incrementa el presupuesto de la Contraloría General en 11% para el desarrollo de intervenciones conjuntas con instituciones vinculadas con la lucha contra la corrupción, para diseñar y organizar un sistema de inteligencia a nivel nacional”, señala el proyecto de ley.