La ministra de Justicia y Derechos Humanos Marisol Pérez Tello señaló que el delito de minería ilegal se ha incorporado como una forma de crimen organizado, a fin de utilizar los mecanismos para perseguir ese tipo de delitos.

“Se ha incorporado el supuesto de minería ilegal a la Ley 30077 – Ley de Crimen Organizado. Porque es la única manera de poder enfrentar problemas de crimen organizado, y la minería ilegal lo es”, anunció la ministra hoy en conferencia de prensa, donde expuso una serie de decretos sobre lucha contra minería ilegal.

Señaló que para esto han separado al minero ilegal (que se asienta en zonas no autorizadas, como reservas naturales) del minero informal (en proceso de formalización). Esta última, de no adecuarse a dicho proceso, “terminará siendo ilegal en algún momento”.

Actualmente, la minería ilegal es considerado un delito para el artículo 307-A del Código Penal, pero este solo contempla penas privativas de libertad de entre 4 y 8 años.

“Al incluir como crimen organizado al minero ilegal, tú va a poder (desde que la norma se publicó) utilizar los mecanismos que se franquea la Ley (de Crimen Organizado) para que la investigación fiscal llegue a resultados que todos esperamos”, indicó, basándose en el Decreto Legislativo 1244.

Algunos mecanismos que permitirá esta modificación, es que se alargará el plazo de investigación hasta 36 meses, plazo en que el investigado por minería ilegal puede estar detenido. “Eso no era posible antes”, dijo.

Otra de las protecciones que brinda la Ley de Crimen Organizado es que el juez y fiscal podrá “llevar el caso con agentes encubiertos, con una Sala Penal Nacional, que evite todas esas distorsiones”, dijo la ministra Marisol Pérez Tello.

“Todos conocemos que la minería ilegal, a pesar de todas las acciones que se han hecho, no ha tenido resultados en términos de sanción penal”, finalizó.

En términos de incentivos para la formalización, la ministra señaló que no se podrá penalizar a quienes culminaron el proceso de formalización por responsabilidad de un funcionario estatal.

“Que tú no hayas podido avanzar en el proceso de formalización por causa inexcusable del funcionario que debió implementarla. Por ejemplo, si el funcionario debió implementar una oficina donde podías comprar uncertificado, y el gobierno regional nunca habilita la oficina necesaria. Si no es tu responsabilidad que como sujeto de formalización dar el paso siguiente, no te pueden atribuir responsabilidad penal”, explicó.

Recalcó que espera que el proceso de formalización dure tres años, y que la meta para el plazo que tiene este gobierno es formalizar al 50% de solicitantes.