En la oficina de Gonzalo Tamayo, los funcionarios entran y salen, las reuniones no se detienen. Es como una suerte de efecto rebote de lo vivido en las últimas semanas en las que su despacho se hizo cargo de elaborar una decena de decretos, que en su mayoría buscan formalizar la minería.

Tamayo admite la complejidad del problema. Incluso no hay números reales del universo de peruanos involucrados en esta actividad. “No hay números, pero en el inicio del proceso anterior había como 70,000 informales. Se inscribieron para formalizarse, pero no son todos, también puede haber casos de informales inscritos más de una vez”, detalla.

Insiste entonces en que no hay una certeza . “Hay personas que dicen que la cantidad es de 70,000 multiplicado por tres o cuatro. Lo que queda claro es que el proceso requería un ajuste, porque de ellos se ha formalizado menos del 1%”, apunta.

Desde su despacho y con la participación de técnicos de otros sectores se ha elaborado un plan basado en un conjunto de pilares, según detalla a Gestión.

La punta de lanza
La formalización y su enmarañada legislación eran el primer problema. Tamayo traza la cancha: “Hemos pasado de una estructura más cargada en términos legales a una más cargada en incentivos económicos”.

“Generar incentivos económicos para, mediante la reducción de los costos de transacción, haya una participación importante de interés en la formalización”.

De allí que uno de los decretos cree un fondo para enfrentar el problema. Este fondo es la versión mejorada de la oferta de campaña de un banco minero lanzada por PPK.

“Se crea un fondo, vía decreto supremo, en el que se generan mecanismos que van a permitir la trazabilidad del oro formalizado. Lo que queremos es un mecanismo de incentivos para aquellos sujetos que cumplan las condiciones de formalidad, tengan mejores precios en el mercado”, acota.

Además, de los incentivos, el ministro destaca el hecho de que hay una reducción en los costos mismos del proceso de formalización. Esta vez no se requerirá de un EIA, que es muy costoso, sino que este será reemplazado por un nuevo documento ambiental más sencillo.

“Sin que eso limite las facultades del Estado de defender el medio ambiente. Esto no significa que desistamos del cuidado del medio ambiente o las penalidades”, aclara de inmediato.

La propiedad
Una de las situaciones típicas en este problema es que alguien es un titular minero y tiene un derecho de concesión, pero fue invadido. Para el proceso de formalización se requiere ahora de un contrato entre titular minero y el minero informal que invadió la propiedad.

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Tamayo señala que ahora se busca hacer transparente la relación que hay entre ellos, para lo cual se dará también un incentivo. “Hemos generado un incentivo económico en aquellos casos en que el titular minero entre en un contrato de explotación con el minero que está en proceso de formalización. Se va a reducir el pago de derecho de vigencia”.

“Lo que se busca es que el Estado deje de recibir esos ingresos y reduzca los costos de transacción para que haya un contrato”, detalla.

Más sencillo

Tamayo analiza el fracaso de los procesos de formalización, en que las prórrogas de los plazos para hacerlo fueron una constante. Señala que la dinámica estaba diseñada para operar en un mundo de alta formalidad, con documentos en Registros Públicos, mientras la minería informal se realiza en lugares rurales, donde los predios no están necesariamente registrados. Añadió que en el caso de los requisitos ambientales “eran posiblemente excesivos”.

“Entonces se ha encontrado una estrategia de balance de lo que son medidas correctivas y un nuevo instrumento ambiental, que probablemente será menos costoso y dará mayor facilidad”.

Indicó que se aplicará el sistema de la ventanilla única, las plataformas informáticas, formatos estandarizados que serán de llenado relativamente manual. Además, vamos a introducir el rol de la Sunat como la entidad que se encargará de acopiar la información.

“Parte del proceso de simplificación administrativa, en un concepto general, radica en que el individuo, en aquellos casos en que incumpla, tendrá consecuencias legales muy importantes”, detalla.

¿Cuántos días tomará la formalización? “Esperamos que a alguien que termine todos los pasos desde el momento en que inicia, le tome entre tres y seis meses”, responde Tamayo.

El universo
La semana pasada aparecieron una serie de números vinculados a la meta que tiene el Ejecutivo para formalizar mineros. Al respecto, el ministro
Tamayo señaló a este diario que el universo al que se dirigen son las 70,000 personas que se inscribieron en el proceso anterior.

No obstante, el ministro señala que el objetivo es que en los próximos tres años (año 2020), plazo establecido por la norma, se formalice a la
mitad.

“A lo que estamos apuntando es que al final del periodo haya 50% de los mineros que han estado en proceso de formalización de acuerdo a los
objetivos del plan de gobierno, pero si es más, sería mejor”, concluye.

HOJA DE VIDA
Nombre: Gonzalo Francisco Alberto Tamayo Flores.
Profesión: Economista.
Estudios: Universidad Católica del Perú y Maestría en Economía en la UCLA.