A pesar de la tremenda expectativa generada, la ciudadanía no conocerá el 01.06.2017 la información de las delaciones premiadas de Odebrecht (Odb). Ya que el procurador regional Orlando Martello anunció que, para obtener las publicitadas delaciones de los exejecutivos de Odb, el Perú primero se debe de comprometer a no procesar a los colaboradores brasileños ni a Odb ni a Braskem ni a las empresas involucradas.

Es evidente que el Perú de ninguna manera debe acceder a las demandas de Brasil. No solo por consideraciones políticas, éticas o legales; sino también porque en los próximos días debemos de acceder al servidor que Odb tenía en Suiza, cuya entrega no tiene condicionalidad.

Ese servidor contiene toda la información que acredita los millonarios sobornos y las personas que los recibieron. Contiene cien millones de datos, la mayor parte encriptados. Pero ya se ha asegurado la asesoría del exfiscal suizo Stefan Lenz, quien desencriptará los datos del servidor. Por lo que, hasta que no se acceda a la totalidad de datos, no se debería adoptar ninguna decisión frente a las demandas brasileñas.

No podemos renunciar a nuestro derecho a investigar, enjuiciar y sentenciar a aquellos que hubieren cometido delitos en nuestro país. Entendemos que no se puede sentenciar a una misma persona dos veces por el mismo delito (Brasil y el Perú). Pero ¿quién nos asegura que efectivamente se sentencien a los que se deben de sentenciar? ¿Quién nos asegura que, por ejemplo, el próximo año no resulte electo Lula (va primero en las encuestas), o alguien cercano a él, y cambie la correlación de fuerzas en las autoridades judiciales y sean más laxos en enjuiciar los delitos que se hubieren cometido en el Perú?, ¿o que habiendo sido sentenciados, no los indulten? Además, los juicios en Brasil por delitos cometidos en el Perú (y otros países) tendrían bajísima prioridad.

No hay que olvidar que en Brasil hay 4 instancias judiciales, los juicios duran una eternidad y la mayoría cae en la prescripción, inclusive en casos famosos como el “propinoducto” o el caso Silveirinha. Es así que el propio coordinador de los fiscales del caso Lava Jato (LJ), Deltan Dallagnol, ha dicho que “en Brasil se vive una cultura jurídica parcial que causa injusticias sistémicas, sobrevalorizando los derechos de los reos y menospreciando los derechos de la sociedad.

Como procurador de la República he lidiado personalmente con numerosos casos criminales en que los efectos negativos e injustos de esa cultura jurídica brasileña desequilibrada estuvieron presentes. Especialmente cuando se trataba de crímenes de cuello blanco (como en el caso de los exejecutivos de Odb); pues ellos podían soportar los costos de los procesos en todas las instancias legales” (I).

De esta manera, van quedando más claros los objetivos de Odb frente a la grave crisis que afronta la empresa y sus accionistas. Que el Grupo sobreviva y siga operando en el mayor número de países posible; y que los exejecutivos reciban las menores penas posibles son los principales objetivos. A nivel personal, estos se revelaron a través de las exigencias de Marcelo Odebrecht (MO) para acceder a declarar ante los representantes peruanos en Curitiba. Sin embargo, la procuradora de Lavado de Activos Janet Briones se abstuvo de participar en el interrogatorio que efectuara el fiscal Germán Juárez a MO.

Es que este condicionó su declaración a la firma de un compromiso por parte de la Procuraduría para que no efectúe acciones penales ni civiles contra él y sus empresas, lo que no fue aceptado por la Procuraduría. Por lo que la pregunta que cabe formularse es ¿y MO no solicitó el mismo condicionamiento al fiscal Juárez? Es por ello que resulta indispensable que la Fiscalía aclare si firmó o no el documento exigido por MO y que precise a lo que se habría comprometido si lo firmó. Sería gravísimo si la Fiscalía se hubiese comprometido a no procesar a MO ni a sus empresas ni a los exejecutivos de Odb.

A nivel empresarial, el objetivo de Odb es seguir operando en el mayor número de países posibles. Para lo cual plantea suscribir un acuerdo con los gobiernos y las autoridades judiciales. Para tener una idea de las demandas de Odb, es importante conocer lo mencionado por el entonces presidente ecuatoriano Rafael Correa, quien aseguró que “Odebrecht pide imposibles que Brasil sí le otorgó. Es una claudicación del Estado brasileño. Porque lo que pide Odebrecht es garantía de que no tendrá ningún juicio civil, ni penal, que no se va a revisar ningún contrato anterior, que pueda seguir contratando en el país. Cosas realmente inadmisibles” (II).

La estrategia de Odb se explica en una nota de El Universo del 16.02.2017, en la que se precisa que el deseo de Odb es que la PGR (el Ministerio Público de Brasil) y el grupo de trabajo de LJ ayuden a la empresa para garantizar su actividad en los países que colaboran. Inclusive se menciona que el presidente Kuczynski dijo que Odb tendría que abandonar el país, y emitió un decreto de emergencia que enumera diversas sanciones (el DU N° 003 se promulgó para resguardar la eventual reparación civil que se tendría que pagar al Estado). Precisándose que Odb espera que estas medidas sean flexibilizadas con la ayuda de la PGR.

Por lo que al conocerse el condicionamiento impuesto por el Ministerio Público de Brasil a los países que deseen acceder a las delaciones de los ex ejecutivos de Odb, queda claro que se accedió a las demandas de Odb. Lo único que falta sería que en el documento que está exigiendo Brasil que se suscriba también se incluya que las constructoras brasileñas sigan operando en los países en los que entregaron sobornos!!.

(I): A luta contra a corrupcao. Deltan Dallagnol
(II): EFE Quito 18.03.2017

Manuel Romero Caro
Economista