Ripe.- Las tensiones políticas en Cataluña azotan, cada día más, la economía de la región y amenazan con arrastrar en su caída también al resto de España. La continua sangría de empresas, lejos de agotarse tras la salida de 1,700 compañías en octubre, amenaza con provocar la salida de algunos de los emblemas que todavía permanecen en la región, como son Seat y Freixenet.
Por otra parte, los efectos sobre la economía real son cada vez más intensos, como constatan los sectores del comercio, la hostelería, el automóvil, los transportes o la inversión.
De hecho, la aplicación del Artículo 155 se fundamenta sobre la necesidad de “parar una serie de efectos económicos de impacto y magnitudes gravísimas para Cataluña y para el interés general de España”.
En primer lugar, los centros comerciales han advertido de una caída de las ventas de cerca del 20%, que se acrecienta en las zonas más turísticas. De hecho, la patronal catalana Fomento del Trabajo señala que las reservas hoteleras han caído cerca de un 30% el último mes, dejando los establecimientos a media capacidad.
Si el consumo en la región ya se estancaba entre julio y septiembre, muy lastrado por la compra de bienes a largo plazo, según los economistas, ahora se está entrando en una nueva fase más grave.
Este miércoles la patronal RetailCat, que agrupa a comerciantes, restauradores, hoteleros y gerentes de apartamentos turísticos de Barcelona, trasladaron al Ejecutivo que los ingresos de sus negocios han caído entre 20% y 30% en lo que va de mes.
Asimismo, la patronal de los concesionarios, Faconauto, ha señalado que sus ventas han caído un 30% en octubre. La compra de vehículos es uno de los mejores termómetros para medir la confianza en la situación económica, ya que tiene en cuenta tanto la capacidad de compra y la apertura del grifo del crédito como el optimismo de los consumidores en la situación económica a medio plazo.
Paralización de inversiones
El descenso del consumo ha dañado también el transporte de mercancías, que se hunde un 21% en las tres primeras semanas del mes, según los datos de Fomento. El ministro de esta cartera, Íñigo de la Serna, también señaló este miércoles que “el sector inmobiliario está asustado”. Jordi Cornet, presidente del Meeting Point y del Consorcio de la Zona Franca, por su parte, señaló que los inversores internacionales han suspendido sus operaciones.
Además, los empresarios catalanes ya están notando un fuerte descenso en la facturación de sus empresas en el resto de España. Freixenet, por ejemplo, ha advertido de la existencia de una campaña que lastra las ventas de sus cavas.
Las compañías catalanas venden 38,900 millones de euros a otras regiones, una quinta parte de su PBI, por lo que un boicot, por pequeño que fuera, golpearía con fuerza a la economía de la región.
Este efecto se podría trasladar al conjunto del país durante los próximos meses. De hecho, BBVA anticipó ayer que la crisis catalana podría obligar a recortar al menos tres décimas su previsión de crecimiento económico para España en 2018, lo que supondría la pérdida de aproximadamente 3,400 millones de euros.
“El crecimiento del PBI podría situarse por debajo del 2.5% el año que viene [frente al 2.8% previsto anteriormente] si continúa la incertidumbre”, alertaba ayer Carlos Torres, consejero delegado de la entidad, en la presentación de los resultados del tercer trimestre.
“El impacto será mayor cuanto más dure la situación de incertidumbre”, añadió.
Sin embargo, muchos organismos opinan que el efecto podría ir bastante más allá. El Gobierno calcula que el frenazo será de ocho décimas respecto al año actual, con lo que la economía española sólo crecerá 2.3% en 2018. Y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AiRef) señala que, si las tensiones entre Cataluña y el resto del país se intensifican y mantienen en el tiempo, la actividad se podría frenar hasta el 1.5%.
Este escenario implica que el mercado laboral se frenaría bruscamente, que Cataluña probablemente entraría en recesión, y que la onda sísmica se propagaría, en mayor o menor medida, al resto de las comunidades, que sufrirían un golpe de seis décimas en el crecimiento del PBI.
