El Consejo Iberoamericano para la Productividad y la Competitividad (CIPC) con el apoyo del gobierno peruano, discutieron las conclusiones del informe sobre las políticas públicas que se necesitan para promover el crecimiento de la productividad y la mayor formalización de la actividad productiva.

En el encuentro participaron el presidente de la República Pedro Pablo Kuczynski, el premier Fernando Zavala, el ministro de Economía y Finanzas Alfredo Thorne, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Martin Vizcarra, y el ministro de la Producción Bruno Giuffra.

También asistieron las empresas miembros del CIPC, especialistas en productividad del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), miembros de la CAF y del Banco de Desarrollo de América Latina, entre otras personalidades del ámbito académico.

Entre las conclusiones más importantes destacan el acuerdo para aplicar una estrategia de crecimiento de la productividad que acelere la inversión privada y el empleo, que brinde acceso a las áreas rurales a los servicios públicos básicos, y que además genere la colaboración de las empresas del sector privado para incentivar los aumentos de productividad a lo largo de la cadena de valor.

Se acordó preparar un plan de infraestructura de transporte y logística que permita cerrar la brecha que separa al Perú con los países productivos. El plan tendrá como objetivo conectar las regiones e incorporar un mejor sistema de carreteras rurales y deberá desarrollarse en un plazo no mayor a quince años.

La generación de programas territoriales para aumentar la productividad y la diversificación de actividades económicas en las zonas rurales fue otra de las conclusiones para mejorar la calidad en la provisión de los servicios agropecuarios y promocionar mecanismos de financiamiento para el mantenimiento y uso sustentable de los recursos forestales.

También se fomentará la formación de cadenas de valor agropecuarias y regularizará la tenencia de la tierra en la sierra y selva del país.

Finalmente, se planteó un debate con los actores sociales para definir el contenido y alcance de las políticas públicas que faciliten la adopción de nuevas tecnologías y que promuevan la diversificación productiva.

Incluso se desarrollarán experiencias piloto que sean replicables y que permitan preparar planes bien definidos donde el gobierno, las empresas privadas y los ciudadanos sean participantes activos de su implementación.