El Poder Ejecutivo envió al Congreso de la República el proyecto de ley que fortalece la fiscalización administrativa sobre las plantas de beneficio que procesan el minera extraído por la pequeña minería y minería artesanal.
Según el análisis costo beneficios de la iniciativa, la fiscalización ambiental regulada en el proyecto de ley podrían promover que se formalicen 40,153 mineros informales, los cuales se sumarían a los 59,847 que ya están en proceso de formalización y con la cual podrían obtener una recaudación tributaria de aproximadamente S/. 9,230 millones.
Cabe señalar que datos del Ministerio de Energía y Minas (MEM) señalan que, en un escenario conservador, los mineros informales dedicados directamente a esta actividad ascienden a 100,000, mientras que existen otras 500,000 están indirectamente relacionadas a esta actividad.
El proyecto de ley tiene como objetivo el fortalecer las acciones de fiscalización de la minería ilegal e informal, se otorga al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) y a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) competencias para fiscalizar las plantas de beneficio que realizan actividades de procesamiento de la pequeña minería y minería artesanal.
Esto debido a que dichas plantas, sin criterios de seguridad y protección ambiental, funden el oro mediante técnicas que implican uso de cianuro, mercurio y otras sustancias para extraer el oro, con graves consecuencias para la salud de las personas y la calidad del ambiente
Además, la fundición de oro a través de dichas plantas, facilitan el lavado de activos cuando su origen es ilegal.
Asimismo, la iniciativa legislativa establece que en caso que dichas plantas no cuenten con las habilitaciones o autorizaciones correspondientes, serán objeto de las acciones de interdicción a cargo de las autoridades competentes.
También se propone que toda planta de beneficio deberá ser debidamente registrada ante el MEM y dicho registro deberá ponerse a disposición de las entidades de fiscalización para las acciones correspondientes.
En la actualidad, el Registro de Plantas de Beneficios Autorizadas se encuentra administrado por el MEM siendo aplicable para actividades de medianas y gran minería por lo que con el proyecto de ley se amplía su ámbito de aplicación incluyendo las plantas de beneficio para pequeña minería y minería artesanal.
Otra medida del proyecto es que las plantas de beneficio para pequeña minería y minería artesanal a nivel nacional, independientemente de si cuenten o no con las habilitaciones o autorizaciones correspondientes, registren la procedencia lícita del oro.
También se plantea implementar mecanismos de colaboración entre el OEFA, el Osinergmin y la Sunafil para lograr la eficacia de la fiscalización minera, y se dispone que el “Ministerio del Interior”.http://gestion.pe/noticias-de-ministerio-interior-2975?href=nota_tag brinde resguardo y seguridad al personal de estas instituciones durante sus labores de fiscalización conjunta.
“Si consideramos un escenario conservador, en el cual las actividades realizadas por los mineros ilegales e informales generan un impacto negativo en el medio ambiente (degradación ambiental), que implique un costo de aproximadamente S/. 421,000 millones en remediación, bastaría con que se mitigue el impacto en solo 0.1% para que el beneficio del proyecto de ley supere largamente el costo”, enfatizó el Poder Ejecutivo.