El Poder Ejecutivo envió al Congreso de la República un proyecto de ley que propone una serie de medidas para reforzar la labor de la Sunat para aplicar controles especiales en la comercialización de productos mineros extraídos de manera ilegal.

Dichas medidas son más exigentes sobre la responsabilidad de acreditar el origen del producto minero por parte del adquiriente y/o del explotador, pues se ha detectado que en todas las etapas de comercialización incluida la de exportación, se intercambia oro cuyo origen legal no es acreditado.

El Poder Ejecutivo recordó que en los últimos tres años, en aplicación de la Ley N° 29815, ha emitido diversos decretos legislativos y normas reglamentarias con el propósito de afrontar integralmente la problemática de la minería ilegal, así como formalizar la actividad a cargo de quienes expresaron su voluntad de adecuar gradualmente su labor al marco legal establecido.

Indicó que habiéndose vencido el plazo máximo de acceso al proceso de formalización, a partir del 20 de abril del 2014 se ha entrado a una nueva etapa de saneamiento que está orientada a consolidar los avances efectuados y a evaluar las medidas adoptadas.

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Pese a ello, la minería ilegal sigue afectando gravemente el medio ambiente, el equilibrio ecológico y la seguridad pública en el Perú, además de erosionar el orden establecido y la gobernabilidad al constituirse como una importante fuente de corrupción de funcionarios.

Medidas
Entre las medidas planteadas por el Gobierno Nacional figura que los productos mineros ilegales que sean incautados deberán ser adjudicados al Estado, mientras que el Banco de la Nación será le entidad encargada de la custodia de dicho producto.

Los recursos obtenidos por la venta o remate del producto minero ilegal serán transferidos al Fondo para la Remediación Ambiental ocasionada por la Minería Ilegal e Informal (Foramaii).

La Sunat podrá disponer el almacenamiento del producto minero, equipos, maquinarias y medios de transporte utilizados en la actividad minera ilegal. Los ingresos que la Sunat obtenga de la venta o remate de estos bienes serán considerados como ingresos propios de la institución.

Asimismo, se plantea que el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú, la Dirección General de Capitanía y Guardacostas (Dicapi), así como las demás entidades públicas que correspondan, brindarán apoyo y colaboración a la Sunat en las acciones de control y fiscalización de las maquinarias, equipos y productos mineros ilegales.

En los lugares de difícil acceso que impliquen la ausencia de efectivos suficientes de la Policía Nacional del Perú, la Sunat podrá excepcionalmente solicitar la intervención de las Fuerzas Armadas para efectuar la fiscalización de la minería ilegal, y esta intervención no implicará en modo alguno la restricción, suspensión ni afectación de los derechos fundamentales de las personas.

Otra medida relevante es establecer la obligación del adquiriente de productos mineros de conservar copia de los documentos que correspondan para cumplir con la responsabilidad de verificar la procedencia legal del producto, de manera que la Sunat pueda contar con la documentación que facilite realizar su seguimiento a fin de conocer con certeza su origen.

Además se busca establecer la obligación cualquier productor de sustentar la procedencia del oro que comercializa (incluye la exportación) presentando ante el adquiriente o la entidad de control que corresponda, la versión original o copia de toda aquella documentación que se requiera.

Solo en el 2013, la actividad minera ilegal habría exportado US$ 2,900 millones de oro, y se detectó que la mitad de exportadores de este mineral en el Perú (60 empresas) son sospechosas por compra de oro ilícito, defraudación, tributaria, narcotráfico y lavado de activos, pues registran un comportamiento irregular que los califica como de alto riesgo.