Edwin Bardales Saucedo
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La lucha del gobierno contra la minería ilegal continúa y ahora el Poder Ejecutivo pretende dar un paso más amplio al plantear al Congreso de la República que se sancione con pena privativa de la libertad no menor de ocho años ni mayor de diez a aquellos titulares de concesiones mineras que faciliten las actividades informales.

Según un proyecto de ley enviado al Congreso de la República, la pena se aplicará a todo agente que favorezca, promueva, facilite o autorice el delito en una concesión minera de la cual tiene calidad de titular. Además de la pena de prisión, se le aplicará de 300 a 1,000 días-multa.

En la exposición de motivos del proyecto, el Poder Ejecutivo señala que en los últimos tiempos, se ha puesto en evidencia que la minería ilegal no ha retrocedido sino por el contrario, en la mayoría de los casos se ha fortalecido a través de diversos mecanismos.

Uno de estos mecanismos es establecer “pactos” o “acuerdos” con los titulares de las concesiones mineras en las que ejercen sus actividades ilícitas.

Sin embargo, reconoció que existen mineros formales que desarrollan minería responsable están seriamente comprometidos con la labor del Estado para erradicar las actividades que se realicen bajo modalidades que generen daño al ecosistema

“También existen titulares de concesiones mineras que promueven y facilitan la acción de los mineros ilegales, autorizándoles la instalación de campamentos, la exploración y/o explotación dentro de las áreas que les han sido concesionadas por el Estado a cambio de una parte del material sustraído u alguna otra ventaja económica”, añadió.

Para el gobierno, si bien los titulares de concesiones mineras no son quienes ejercen la minería ilegal, contribuyen con ella promoviéndola o facilitándola.

Actualmente, el Código Penal sanciona a quienes financian la minería ilegal pero no a quienes cometen actos para promover la actividad ilícita.

“El involucramiento de los concesionarios mineros en el favorecimiento de esta actividad ilícita pone evidencia el potencial criminal que tiene la minería ilegal, por lo que resulta necesario ampliar los supuestos de conductas sancionables, estableciendo penas no sólo para quienes ejercen la actividad en sí sino también para quienes favorecen, promueven, faciliten o permitan la minería ilegal”, dijo el Poder Ejecutivo.

De esta manera, el proyecto de ley garantiza que todas las personas que de una u otra manera se encuentran vinculadas a la minería ilegal sean sancionadas por las conductas que desarrollan en beneficio de esta actividad, cubriendo los vacíos de tipificación.