El Gobierno observó la autógrafa de ley que sanciona hasta con seis años de cárcel a quienes realicen actos de acaparamiento o especulación de precios en zonas declaradas en emergencia.
El proyecto había sido aprobado por el Pleno del Congreso el pasado 6 de abril y estaba a la espera de la promulgación u observación del Ejecutivo.
El Gobierno tomó la decisión de observar el proyecto en el último día de plazo (15 días hábiles) que tenía para pronunciarse al respecto (pues de no hacerlo, el proyecto habría sido promulgado por el Congreso).
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Argumentos
En la observación, el Gobierno señala que si bien comparte los objetivos del proyecto de ley, un informe elaborado por el Indecopi concluye que la fórmula legislativa contiene elementos contradictorios con el marco legal vigente y que no generarían los efectos perseguidos.
Así, en el caso del acaparamiento “la norma adolece de falta de precisión, debido a que existe la dificultad de determinar cuándo se debe considerar que una sustracción de bienes en el mercado, como el acaparamiento, puede alterar los precios (…) Ciertamente, el concepto de acaparamiento resulta difuso y, por ende, de muy difícil aplicación en la práctica”.
Respecto a la sanción para la especulación, el Gobierno señala (también siguiendo el informe del Indecopi) que el proyecto utiliza el concepto de precio habitual, que es impreciso y por ello no genera certeza en los agentes sobre cuándo se aplicará este tipo penal.
“Sin perjuicio de lo anterior, el incremento de precios en periodos de catástrofes puede generarse por el desbalance entre la oferta y demanda, siendo una respuesta natural del mercado”, subraya.
Asimismo advierten que una medida de este tipo limitaría la respuesta de la oferta y desincentivaría el ingreso de proveedores. “Y finalmente afecta negativamente a los consumidores al retrasar el restablecimiento de la oferta”, concluye el documento del Ejecutivo.
Respuesta del Congreso
Tras conocer la noticia, el parlamentario Juan Carlos Gonzales (Fuerza Popular) criticó la posición tomada por el Ejecutivo y señaló que buscará la aprobación del proyecto por insistencia.
“Se va a elaborar un nuevo dictamen, pero lo que nos llama la atención es que Indecopi tenga opiniones contrarias a los beneficios que esta ley va a traer a los consumidores”, refirió Gonzales.
