La salud es el séptimo problema más importante para los peruanos, según la novena encuesta nacional de corrupción realizada por Ipsos en 2015. Sin embargo, la política arancelaria de salud del Gobierno actual no se alinea con dicha necesidad.
En 2001, el Congreso de la República aprobó la Ley N.° 27450, Ley que exonera del pago del impuesto general a las ventas y de los derechos arancelarios a los medicamentos para tratamiento oncológico y de VIH/sida, que en su artículo tercero señala que el Poder Ejecutivo aprobará mediante decreto supremo, a propuesta del Ministerio de Salud (Minsa), la relación de medicamentos e insumos afectos a esta ley.
El Semanario ComexPerú, recuerda que dicha lista no se actualiza desde 2011, ni tampoco se ha ampliado su aplicación a los fármacos en general, lo cual atenta contra la libre competencia y el bienestar de los millones de peruanos que siguen un tratamiento médico.
En el Perú, el cáncer es la segunda causa de muerte a nivel nacional (17%), con una incidencia de 150 casos por cada 100,000 habitantes, aproximadamente, y se estima que un 75% de los casos se diagnostica en una etapa avanzada, según el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN). Tres de los tipos más comunes de cáncer son los de cuello uterino, mama y próstata, órganos que por su ubicación anatómica permiten detectar el mal tempranamente y así tratarlo farmacológicamente.
Si bien alrededor de un 83.5% del total de la población cuenta con al menos un seguro de salud, solo 15.4 millones se encuentran afiliados al Sistema Integral de Salud (SIS), y la cobertura oncológica del Plan Esperanza mediante este tipo de seguro llega a solo un 65.7%. Es decir, un 34.3% de afectados con cáncer debe costear totalmente su tratamiento, por lo que resulta a todas luces coherente eliminar cualquier barrera de costos que suponga un mayor precio para el paciente en un contexto de libre competencia.
Esto último se hace mucho más urgente cuando se prevé que, en 2050, el número de casos de cáncer aumentará diez veces en el Perú, según proyecciones del INEN. Es decir, 10 veces más y la cobertura actual es del 65.7%.
Por otro lado, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida (OnuSida) señala que la prevalencia de este mal en nuestro país es del 0.4%, es decir, alrededor de 700,000 adultos a nivel nacional lo padecen. Al 29 de febrero de 2016, se han reportado 34,243 casos de sida y 61,142 infecciones con VIH, según el Minsa, lo cual refleja que la mayoría de los casos no son atendidos por el programa de salud pública.
A pesar de las brechas expuestas anteriormente, el Gobierno insiste en mantener un arancel del 6% para un gran grupo de medicamentos oncológicos y de VIH/sida, puesto que no actualiza la lista de exoneración desde 2011.
“ComexPerú ha insistido en numerosas ocasiones en este tema; no obstante, se ha evidenciado gran inacción por parte del Gobierno, y particularmente de la administración del Minsa de turno. El sobrecosto arancelario lo asumen los consumidores finales, los pacientes, quienes pagan un 6% más de lo que deberían, cifra que se magnifica si se tiene en cuenta el alto costo del tratamiento”, señala en su semanario.
Muestra además que entre 2012 y 2015 se ha pagado un monto de US$ 557,432 por conceptos arancelarios de medicamentos para tratar el cáncer, el VIH y el sida. “¿Qué sentido tiene que estos medicamentos paguen aranceles? ¿Acaso se pretende proteger alguna industria? ¿El Perú cuenta con capacidad para desarrollar ese tipo de productos?”.
Existen nuevos medicamentos que han ingresado al mercado peruano para atacar estas enfermedades, todos gravados con aranceles. Por ejemplo, el fármaco con un mayor monto de importación entre 2012 y 2015 fue Ipilimumab de 50 mg/10 mg, indicado para casos de melanoma avanzado (irresecable o metastásico), con un valor de importación de US$ 1.351,195 y un arancel correspondiente al 6%. Casos similares hay muchos: medicamentos oncológicos como Ruxolitinib , recetado para cáncer pancreático y mielofobrosis; Pembrolizumab, para el melanoma metastásico o no removible, o Exemestano, para el cáncer de mama, lo que evidencia un gran rezago en nuestra política de salud pública y comercio exterior.
No tiene sentido imponer un 6% de arancel a los medicamentos, puesto que limitan el ejercicio del pleno derecho a la salud de los peruanos. En ese sentido, urge que se actualice la lista de medicamentos exonerados, ya que es contraproducente discriminar medicamentos de un mismo tipo, o en todo caso deberían eliminarse los aranceles de los fármacos para que los peruanos tengan acceso a tratamientos de menor costo. ¿Hasta cuándo tendremos que seguir esperando?.