Tras la cancelación del contrato del Gasoducto Sur Peruano (GSP), lo que se viene es la ejecución de la carta fianza que tiene previsto para el día de mañana, por US$ 262 millones, aunque el desembolso dependerá de las operaciones financieras.

Pero surge un tema adicional, es el aporte de los peruanos que han realizado al proyecto, a través de los recibos de luz, con el cobro de afianzamiento de la seguridad energética, que se estiman en US$ 500 millones. Dicha medida se que se aplica desde el 2012.

Al respecto el ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo precisó que dichos fondos (recaudados en los recibos de luz) no han sido entregados al concesionario, y que han ingresado a una entidad financiera bajo un fideicomiso.

“Lo que ahora estamos viendo es como retorne esos recursos a los ciudadanos. Se tiene que ver todo el tema legal, pero no se han transferido al concesionario”, explicó.

Ya el ministro de Economía, Alfredo Thorne indicó que debería verse como se elimina, y que deberían darse otros mecanismos para asegurar los recursos.

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Gonzalo Tamayo indicó que esto significará mayores recursos a la población o al menos una mayor disposición de efectivo para emplearlo para otros fines.

Cabe indicar que el Cargo por Afianzamiento de la Seguridad Energética (CASE), que genera un incremento de entre 1% y 2% en las tarifas eléctricas que paga el consumidor final por el Gasoducto del Sur del Perú (GSP), es decir alrededor de S/ 2 en un recibo de S/ 100 al mes.

Se estima que el CASE ha recaudado alrededor de US$ 50 millones al año, monto que no va directo a la concesionaria, sino a un fideicomiso, cuyo responsable es Osinergmin.