El gobierno argentino anunció el envío al Congreso de un proyecto con un millonario plan de estímulo a las pequeñas y medianas empresas (pymes), mientras busca frenar a toda costa una ley antidespidos reclamada por la oposición y denostada por empresarios.

El presidente Mauricio Macri selló ayer un compromiso con empresarios para mantener la plantilla de empleados por tres meses (90 días), mientras sindicatos lo rechazaron y denuncian unos 140,000 despidos en los sectores público y privado desde que asumió el mandatario de centroderecha el 10 de diciembre.

La cámara de Diputados avanza para aprobar una ley que frene despidos por seis meses. El proyecto ya fue probado en el Senado.

Macri anunció que de aprobarse, vetará la norma al aducir que frenará inversiones.

La ley establece la emergencia ocupacional por seis meses en los cuales un trabajador despedido sin causa puede solicitar su reincorporación inmediata o doble indemnización.

Empresarios acotan que la ley golpeará duro a las pymes que deban achicarse por la caída del consumo y el incremento de costos por efecto de una inflación del 40% anual, aumentos del 30% en combustibles y de hasta 900% en servicios básicos.

En ese marco Macri anunció el envío al Congreso de una ley que contempla créditos para Pymes por 137,000 millones de pesos (US$ 9,400 millones) a tasas del 22% anual y medidas de alivio fiscal.

El objetivo es sacar a las pymes de la asfixia financiera, dijo Macri al formular los anuncios en la Casa de Gobierno. Y recordó que ese segmento representa un 70% de los empleos.

La ley antidespidos es apoyada por las cinco centrales obreras mientras algunos de sus jefes amenazan con llamar a una huelga nacional si el presidente la frena mediante un veto.

“Si sale como está, va a ir a un veto”, manifestó el jefe de Gabinete, Marcos Peña.

Peña abogó por “que haya un espacio de reflexión en el Congreso para modificar” el proyecto que se analiza en comisiones parlamentarias antes de su pase al recinto para la votación.

Desde la opositora central obrera CTA, su presidente Hugo Yasky consideró que el acuerdo antidespidos “es una maniobra para intentar dilatar la ley”.

“El gobierno hace este acuerdo para luego justificar el veto”, dijo. Sindicalistas opinan que el envío de la ley para Pymes se inscribe en la misma línea.

Un informe de la consultora Tendencias Económicas, indica que a los despidos se suman unos 38.000 trabajadores suspendidos desde enero, paso previo a la cesantía, lo que representa un 350% más que hace un año.