La compañía española Gas Natural Fenosa (GNF) solicitó de manera formal un arbitraje ante un organismo de la Organización de Nacional Unidas (ONU), Uncitral, para que “se le devuelva” Electricaribe, su filial liquidada en Colombia, o se le compense con unos US$ 1,000 millones.

En un comunicado, la empresa con sede en Barcelona anunció que entregó “la documentación pertinente para el inicio del procedimiento arbitral ante el Tribunal de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional”, (Uncitral).

Una portavoz de GNF indicó a AFP que a última hora de la noche del martes en Bogotá (madrugada en España) se hizo la notificación al gobierno colombiano.

La semana pasada, la compañía dijo que recurriría al Ciadi, el órgano de arbitraje del Banco Mundial.

Finalmente ha optado por Uncitral, una elección “puramente técnica, que no cambia” el fondo de la demanda, según la portavoz.

El objetivo, explicó la empresa, es “que se le devuelva la compañía [Electricaribe] con un marco regulatorio viable”, o en su defecto, “se le compense por un importe que se cuantificará en el curso del procedimiento, pero que, en base a valoraciones preliminares, superará los US$ 1,000 millones”.

No obstante, la empresa puntualizó que “mantiene su voluntad de continuar dialogando con Colombia para alcanzar un acuerdo que le permita continuar operando Electricaribe”.

A través de su filial (participada en 85%), la multinacional española tenía más de 2.5 millones de clientes en siete departamentos del norte de Colombia, aquejados de numerosos cortes.

En un primer momento, en noviembre, el gobierno colombiano intervino la empresa argumentando que su mala situación financiera podía llevar a un cese de pagos y una interrupción del suministro.

El 14 de marzo dio otro paso adelante, ordenando la liquidación, ya que Electricaribe no estaba “en condiciones de prestar el servicio de energía con la calidad y continuidad que se requieren”.

Actuando en derecho
Gas Natural replicó desde el principio que la mala situación de Electricaribe se debe a un “grave problema de fraude e impago”.

Y cargó contra las decisiones del gobierno colombiano, calificando su iniciativa de “toma de posesión que constituye una expropiación sin indemnización”.

Pero la ministra de Comercio de Colombia, María Claudia Lacouture, afirmó que “la intervención de Electricaribe no es una nacionalización ni tampoco una expropiación”.

“El gobierno colombiano está garantizando la prestación de un servicio esencial para los colombianos y como tal está actuando en derecho”, afirmó.

La funcionaria sostuvo que desde hace más de ocho meses el Estado trabaja en una defensa “contundente” sobre este caso, para lo que cuenta con el acompañamiento de la firma internacional de abogados Sidley, con sede central en Washington.

Además, apuntó que Bogotá “cumple con las reglas” y ofrece respaldo para la “confianza inversionista” de las empresas foráneas, unas garantías que, aseguró, han sido reconocidas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El diferendo entre GNF y Colombia ha cobrado incluso tintes políticos, pese a los buenos vínculos entre Bogotá y Madrid, donde el presidente colombiano Juan Manuel Santos estuvo de visita en diciembre para atraer inversiones.

“No permitiremos que caso Electricaribe afecte óptimas relaciones diplomáticas y comerciales”, tuiteó Santos el domingo tras hablar con el presidente de gobierno de España, Mariano Rajoy.

El ministro español de Economía, Luis de Guindos, había advertido el viernes que la liquidación de la filial de GNF podría “afectar” a la credibilidad de Colombia.