Hablan fuerte. Los directivos de doce gremios empresariales emplazaron al Presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, para que promulgue la autógrafa de la Ley de Promoción de la Exportación de Servicios, aprobada el 12 de mayo por el Congreso.

Esta norma restituye el derecho de devolución del Impuesto General a las Ventas (IGV) que tiene todo tipo de exportación de servicios, condición elemental de competitividad, ya que un impuesto nunca debe ser exportado.

Además, incluye el beneficio de devolución de IGV a los denominados servicios complementarios entre los que se encuentran el remolque, alquiler de amarraderos, transbordo de carga, estiba y desestiba, entre otros.

De esta iniciativa podrían beneficiarse la variada oferta de servicios exportables que ofrece el país como los servicios de turismo, atención médica, los que brindan los abogados, arquitectos y otros profesionales en el exterior o incluso los peruanos que instalan una oficina fuera del país, cobran este impuesto a sus clientes.

Cabe recordar que el país ya contaba con una Ley de Exportación de Servicios promulgada por el gobierno anterior, sin embargo la actual administración ‘mutilo la ley’ al pasar de 24 actividades que estaban consideradas como beneficiadas, a la mitad sin ningún sustento.

Mario Mongilardi, presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), aseguró que con su promulgación se logrará la generación de 300,000 puestos de trabajo directo y 900,000 indirectos en los próximos cinco años.

“Saludamos que el Congreso haya escuchado al sector privado y entendido las ventajas que proporciona la exportación de servicios y es que nos encontramos en una situación de desventaja en relación a otros países que están exonerados de impuestos en la exportación de sus servicios”, aseguró.

Para el empresario no tiene sentido que la norma sea observada por el Ejecutivo, cuando el 20% del comercio mundial está constituido por servicios. “Pero en Perú, ocurre todo lo contrario, están grabados de impuestos en momento es que las exportaciones vienen retrocediendo sostenidamente”, alertó.

Así, mientras Brasil registró exportaciones de servicios por US$ 41,000 millones y en México alcanzó los US$ 21,000 millones, el Perú tuvo exportaciones por poco más de US$ 6,000 millones el último año. De promulgarse la norma, la exportación de servicios en el país podría llegar a los US$ 12,000 millones en los próximos cinco años.

MEF se queda sin argumentos
El presidente de la CCL explicó que la única institución que se opone a esta ley es el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) con un argumento ‘falso’.

“Una entidad que no está de acuerdo (con la Ley de Exportación de Servicios) es el MEF, por lo que elaboró un informe en la que sustentaba su opinión e indicando que se oponía porque implicaba un costo fiscal de S/ 771.7 millones”, refirió.

Aunque advirtió que analizando las cifras, se observa que en los dos primeros rubros en la que basa su decisión (y que se beneficiaban con la exoneración) son transporte aéreo y entretenimiento/esparcimiento, cuyo costo fiscal suman S/ 617 millones, no están incluidos en la ley, es decir, “se equivocaron en sustentar una posición contraria a la norma”.

Agregó que en dicha misiva, el MEF añadió cuatro actividades favorecidas con la iniciativa legislativa cuyo costo fiscal asciende a S/ 140 millones, las que ya estaban incluidas en la ley vigente hasta el 2012, “por lo que es no cierto que el costo fiscal fiscal de la ley sea S/ 771.7 sino es de S/ 13.6 millones, por lo que no hay ningún argumento para que está sea observada”.

Asimismo consideró que actualmente la Sunat cuenta con capacidad para sustentar el cumplimiento de la ley, al ser promulgada. “Lo que significa que se quedaron sin argumentos, por lo que no hay razón para que (Humala) no firme su promulgación”, apuntó.