Este año la presión tributaria caería a 12.5% debido a la desaceleración económica y a inadecuadas medidas tributarias como el régimen Mype Tributario y el IGV Justo, según el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).
“Con el resultado que obtendremos al final del 2017, la presión tributaria se habría reducido por cinco años consecutivos. Más aún, sería la tasa más baja de los últimos 13 años, incluso más reducida que la de en 1992 cuando se alcanzó 12.9%”, manifestó César Peñaranda, director ejecutivo del IEDEP-CCL.
Se observa que la recaudación del impuesto a la renta (IR) y del impuesto general a las ventas (IGV), que concentran el 94% de los ingresos tributarios, han sido los más afectados en los últimos años.
“En términos porcentuales del PBI, los ingresos por el impuesto a la renta han bajado de 7.5 a 5.6%, mientras que el IGV ha pasado de 8.8 a 8% entre el 2012 y el 2016”, precisó.
Otro de los factores que han afectado negativamente a la presión tributaria, se encuentran los mayores montos por las devoluciones de impuestos que se aplican por la recuperación anticipada del IGV, así como la menor inversión pública y privada, y las menores importaciones de bienes de capital que han originado menores montos de recaudación del IGV de origen aduanero. A estas razones se sumaron los desastres naturales que afectaron la recaudación de regiones específicas del país.
Propuestas
Con este panorama, la Cámara de Comercio de Lima hace las siguientes propuestas para mejorar la presión tributaria:
Hay que eliminar las exoneraciones tributarias vigentes. Se sabe que algunas de ellas existen desde hace casi 20 años, y equivalen a alrededor del 1% del PBI. Estas exoneraciones responden a un intento por atraer a las inversiones en ciertas regiones como la selva, que tenían problemas de aislamiento geográfico.
También es necesario ampliar la base tributaria para así distribuir la carga tributaria entre un mayor número de contribuyentes. Una solución a este problema es reduciendo la informalidad.
“Se han producido una serie de consecuencias negativas de largo plazo por este motivo. La informalidad ha generado el incremento de la competencia desleal, una menor recaudación fiscal y un mayor desincentivo empresarial porque temor a que la autoridad tributaria se centre en este grupo. También ha dado origen a la sobrecarga de la presión impositiva en las empresas ya formales y, sobretodo, ha contribuido a la pérdida de productividad de nuestro país”, destacó Peñaranda.
El IEDEP hace hincapié en aplicar una estrategia integral para la lucha contra la evasión, que comprenda: el marco tributario laboral, la simplificación administrativa, y la productividad.
“Si se llegaran a cuantificar los beneficios económicos que ganaría el país con la reducción de la informalidad, se entendería mejor la necesidad de enfrentarlo como una estrategia integral”, señaló.
