Por: Luis Hidalgo Suárez
¿Impulsar la inversión (pública y privada) en infraestructura podría ser un motor para un crecimiento económico sostenible?
La inversión en infraestructura es importantísima para que el Perú siga creciendo, sobre todo porque permite elevar las potencialidades en términos de productividad porque baja los costos; mejorar los ratios de desigualdad social; y, porque aumenta la capacidad productiva.
¿Cree posible cerrar la brecha de infraestructura que enfrenta el país?
Lo claro es que debemos trabajar la brecha de infraestructura, pero esta última es algo relativo porque depende también de cuánto invierten los otros países con los que competimos.
En los últimos años, de acuerdo a un estudio de la OCDE, el Perú ha venido mejorando su infraestructura, pero comparativamente no porque países similares al nuestro están invirtiendo más y eso es lo que explica que la brecha crezca. Estamos lejos de las inversiones (promedio) que hacen los países de la OCDE, lo cual quiere decir que nos alejamos de los estándares internacionales que necesitamos para acercarnos a la OCDE.
¿Si el Perú en los próximos años para crecer más del 3% recurriera a la inversión en infraestructura, cómo solucionaría el problema de la brecha externa si al mismo tiempo no impulsa sus exportaciones?
No plantearía así el problema, el Perú, nuestros productores, siempre van a tener la vocación de exportar más y a la mayor cantidad de mercados posibles. Y tener mejor y más infraestructura ayuda a ser más competitivos en el mercado internacional para poder exportar más, pero también para atraer más inversiones, porque disminuye los costos de transporte, pero a la vez eleva los precios que se reciben en mercados más alejados.
En el Perú los proyectos de inversión en infraestructura vienen retrasando su ejecución por diversos motivos ¿Qué medidas cree que solucionarían este problema?
Diría que no hay una solución fácil; como país tenemos algunos activos en materia de promoción de la inversión en infraestructura como procedimientos relativamente claros a nivel del Gobierno Central, una agencia con experiencia como ProInversión, al igual que el ministerio de Transportes, y un ente regulador (Ositran) entre otros.
Pero las batallas se ganan en el campo y ahí tenemos demoras como en el caso de las expropiaciones de terrenos, derechos de vía, licencias municipales. Entonces, será importante diseñar un esquema de coordinación y empoderamiento que ayude a que el diálogo fluya lo más rápido posible y así evitar costos mayores para los proyectos.
¿Pero, como agilizar ese diálogo y que ello se traduzca efectivamente en agilización de los procedimientos?
En algunos países se ha hecho una lista de los principales proyectos de infraestructura, hay que sentar a todos los actores a la mesa, y poner gente desde la misma presidencia de la república, presidiendo esa mesa y facilitando para que esos procedimientos se destraben. También se requiere una higiene de procedimientos
¿Qué significa eso?
Ocurre que en un momento se logra destrabar un procedimiento para expropiaciones de terrenos o de derechos de vía, pero después se vuelven a complejizar. Entonces, hay que tener procedimientos viendo que estos puedan hacer cada vez más eficientes los procesos.
Muchos proyectos de infraestructura ya adjudicados son modificados por adendas que terminan elevando sustancialmente los montos iniciales de inversión. ¿Cuál cree que es el origen de este mal, por qué los contratos son susceptibles de tantas adendas y qué debe hacerse para evitar eso?
Creo que en todo lo que requiere del trabajo público y privado la transparencia es fundamental ya que permite que todo lo que se hace se pueda explicar. No creo que haya un número perfecto de adendas que se deban permitir, pero también es cierto que modificar muy pronto cuestiones de equilibrio contractual no ayuda a que la gente tenga la percepción de que las cosas se han hecho de la mejor manera posible y con transparencia en los procesos.
Entonces, no satanicemos a las adendas, pero deben ser muy transparentes y claras y debe haber muchas explicación del por qué se hacen, ya puede significar la corrección de un error, lo cual beneficia a ambas partes.
Con frecuencia analistas y políticos afirman que el Perú no tiene un plan nacional para ir superando el déficit de infraestructura. ¿Comparte esta posición?, ¿Quién debería elaborar ese plan y cómo garantizar que se cumpla?
Comparativamente con otros países, me parece que el Perú ha estado mejor; tiene procedimientos que se conocen, desde el sistema de inversión pública (SNIP), los parámetros para la inversión pública, los proyectos que promociona ProInversión, y en el marco macroeconómico multianual también hay una idea de hacia donde se está yendo, que el estado está apostando al mediano plazo.
Yo creo que Peru tiene una gran cantidad de proyectos de infraestructura que deben ser revisados constantemente (a manera de higiene) para ver qué problemas se vienen suscitando y que evita que aquellos se desarrollen con la velocidad y rentabilidad que se quiere, y los objetivos que se persiguen. Y lo otro es la transparencia, como ya señalé.
¿Considera que en sectores como Transportes y Comunicaciones, y Agua y Saneamiento, las decisiones de inversión en lo que se refiere a proyectos de alcance regional y nacional deberían retornar al Ejecutivo?
Creo que el proceso de descentralización ya tiene un tiempo y que ha funcionado en algunos aspectos y en otros no tanto, y ha habido algunos problemas que pueden hacer pensar en mecanismos de colaboración parque el Gobierno Central pueda intervenir para apoyar en gestionar algunos proyectos de infraestructura.
En otros casos el sector privado lo viene haciendo bastante bien, a través de asociaciones público privadas (APP) o de Obras por Impuestos. Debemos mirar todo esto y ver qué funciona, cuales son las ventajas y desventajas para dar las políticas dentro de un marco de seguridad y confianza que permita que la población se sienta cada vez más satisfecha con el nivel de obras y servicios que recibe, que es lo que ayudará a una mejor gobernanza.