Washington (Reuters).- El Gobierno de Estados Unidos estaba el sábado más cerca de su primera paralización desde 1996, porque representantes conservadores del Partido Republicano prometían no apoyar un proyecto de financiamiento de emergencia, en un intento de quitarle fondos a la ley de reforma de salud del presidente Barack Obama.

Si bien se han planteado soluciones de última hora, como una ampliación de 10 días del financiamiento gubernamental, no hay señales de que republicanos y demócratas puedan alcanzar un acuerdo antes del plazo límite que se cumple el 1 de octubre.

No parecía haber negociaciones entre ambas partes.

El Senado, como se esperaba, aprobó el viernes medidas de financiamiento de emergencia para mantener al Gobierno funcionando hasta el 15 de noviembre, tras eliminar retórica republicana para quitar los fondos a una ley de salud de 2010 conocida como “ Obamacare “.

Los republicanos, quienes controlan la Cámara de Representantes, deben decidir ahora cómo responder, lo que incluso podría ocurrir el mismo sábado.

El legislador por Georgia, Tom Graves, anunció el viernes que él y 61 de sus colegas insistirán en la postergación por un año de “Obamacare” -que está previsto que comience a funcionar el 1 de octubre- como condición para financiar al Gobierno y evitar la paralización.

La presión ha sido apoyada por el ala conservadora del partido conocida como Tea Party.

Un rechazo de la medida de financiamiento aprobada el viernes devolvería el problema al Senado, controlado por los demócratas, dejando poco margen de tiempo para el ir y venir político.

Todas las señales apuntan a que los republicanos adjuntarán nuevas medidas al proyecto, que probablemente serán rechazadas por el Senado, lo que hará más probable una paralización parcial de los servicios gubernamentales por falta de fondos.

Si el Congreso no llega a un acuerdo antes de la medianoche del lunes, la capacidad del Gobierno para gastar dinero en actividades de rutina se agotará.

El gasto para funciones consideradas esenciales, como la seguridad nacional y el orden público, continuará junto a programas de beneficios como el seguro de salud Medicare y las partidas de seguridad social para los jubilados.

Sin embargo, cientos de miles de trabajadores federales -desde quienes procesan solicitudes y se encargan de la regulación hasta empleados de parques y museos en Washington- serán suspendidos de sus funciones.