(AFP) La emergencia económica declarada por el gobierno venezolano busca extender a la oposición el costo político de la crisis, cuya solución, según analistas, no se vislumbra con las medidas anunciadas que acentúan el control estatal sobre una economía postrada.

Sumado al nuevo gabinete económico de izquierda radical, el decreto de emergencia es “una trampa del gobierno de Nicolás Maduro para compartir los costos políticos con la oposición y tomar algunas medidas como aumentar la gasolina”, dijo a la AFP el economista y profesor universitario Luis Oliveros.

Para el analista, si el nuevo Parlamento de mayoría opositora no apoya la declaratoria daría argumentos al Ejecutivo para endilgarle responsabilidad en la crisis, pero si la respalda se liberaría de parte del peso.

Aunque ha dicho que la crisis “no es superable con este gobierno”, el presidente legislativo Henry Ramos Allup afirmó que la oposición estudiará el decreto de emergencia, pero no precisó si será sometido a discusión en la sesión del martes.

El decreto del gobierno argumenta que una “guerra económica” inducida por empresarios afecta el acceso a bienes y servicios para generar malestar entre los venezolanos y rompe el “hilo constitucional”.

En razón de ello, el gobierno podrá disponer de bienes del sector privado para garantizar el abastecimiento de productos básicos y fijar límites al ingreso y salida de moneda local en efectivo, a la par de crear instancias para reactivar una economía que se contrajo 4.5% de enero a setiembre del 2015.

Pero entre economistas abunda la percepción de que el gobierno chavista acentuará su modelo centralista pese a los preocupantes indicadores: déficit público de casi 20% del Producto Bruto Interno (PBI), escasez superior a dos tercios de los productos básicos, inflación anualizada de 141.5% a setiembre (oficial), pagos de deuda por casi US$ 11,000 millones en el 2016.

La firma Barclays aseguró recientemente que “el nuevo gabinete no parece tener sentido de urgencia para abordar la crisis, al tiempo que mantiene la postura radical” frente a la economía de mercado y los capitales privados.

El nombramiento como ministro de Economía del sociólogo Luis Salas, defensor de la teoría de la guerra económica, ilustra la postura que domina en el Ejecutivo pese a la presencia de algunos moderados, apunta Barclays.

Al presentar su informe anual de labores ante la Asamblea el pasado viernes, Maduro, quien tildó de “catrastrófica” la crisis, sostuvo que “llegó la hora” de elevar el precio de la gasolina, invariable desde 1998 y la más barata del mundo (US$ 0.015 por litro), un tema recurrente desde hace dos años.

¿Alimentos o deuda?
Venezuela obtiene el 96% de sus divisas del petróleo, y las emplea sobre todo para importar alimentos y medicinas, entre otros rubros básicos. Y con el crudo cotizándose a US$ 25.93 por barril, las alarmas están encendidas.

Oliveros calcula que “el hueco en divisas es de casi US$ 28,000 millones para el 2016, con un precio del petróleo a US$ 30. Y Venezuela necesita el crudo a US$ 80 para equilibrar su flujo de caja”.

El economista Orlando Ochoa advierte que “el nivel bajo de reservas internacionales (US$ 15,595 millones) tiene alarmado” al Ejecutivo.

Con un precio de US$ 30 los ingresos de Venezuela en el primer trimestre “apenas superarán los US$ 6,000 millones, y eso no alcanza para importar alimentos, medicinas, pagar la deuda y honrar los compromisos con China”, dice Ochoa.

Para el segundo semestre del 2016 “será imposible abastecer el país y servir la deuda con este mismo modelo político y económico” puesto que “el decreto de emergencia no da idea de ningún plan macroeconómico para estabilizar y ganar tiempo y confianza con los mercados”, añade Ochoa.

No obstante, este lunes el vicepresidente Aristóbulo Istúriz aseguró que “el decreto evita que el país vuelva a situaciones que hemos experimentado en otras épocas”, aludiendo al Caracazo, una explosión social con decenas de fallecidos a finales de la década de 1980.

“Tenemos que buscar una salida que no sea la neoliberal”, pero, “no quiere decir que hay una posición en contra del sector privado”, indicó Istúriz.

Ramos Allup cuestionó que el gobierno busque culpables donde no los hay y llamó al mandatario a “poner los pies sobre la tierra” para poner fin a la debacle.