(Reuters).- Luego que el Gobierno anunciara un paquete para reactivar la economía, el ministro Eleodoro Mayorga señaló que espera duplicar este año la perforación de pozos exploratorios de hidrocarburos y destrabar proyectos detenidos por frenos burocráticos y conflictos sociales.
La demora en la aprobación de permisos ambientales para extraer crudo y gas es uno de los factores que ha frenado inversiones por unos US$ 2,500 millones en el sector petrolero del país, según cifras del gremio del rubro.
Dentro del paquete de desaceleración económica, se incluye la flexibilización de normas que destrabarían inversiones de hidrocarburos por US$ 11,000 millones.
“El número de pozos exploratorios que Perú ha perforado en los últimos dos, tres años ha sido solamente siete pozos por año, completamente insuficiente para recuperar las reservas”, dijo Mayorga en una entrevista con el Instituto de las Américas, con sede en California.
“Este año vamos a perforar más de 15, lo cual es un cambio importante”, agregó en la entrevista realizada en la víspera vía Skype.
El funcionario dijo que se perforarán pozos exploratorios en el lote 88 del yacimiento de gas andino Camisea, explotado por un consorcio liderado por la argentina Pluspetrol, en el bloque 76 de la estadounidense Hunt Oil en Madre de Dios y por primera vez en aguas profundas peruanas.
Ello debería ayudar a elevar en el mediano plazo la producción de crudo de apenas 63,000 barriles por día de Perú.
Mayorga explicó que algunas políticas del Ministerio del Ambiente -creado en el 2008- respecto a los estudios ambientales y la aprobación de la Ley de Consulta Previa han significado un bache al proceso de desembolso de inversiones.
“No es que hoy día se piense dar marcha atrás y tirar al tacho de basura toda esta institucionalidad, lo que hay que hacer es hacerla trabajar bien, es flexibilizarla”, precisó.
El gremio del sector dijo en abril que había 32 contratos petroleros en “fuerza mayor” -incluyendo de la colombiana Ecopetrol y la española Repsol -, principalmente debido a trabas burocráticas y demoras en la aprobación de estudios de impacto ambiental.
