Hay una especie de moda y de entusiasmo por la Asociaciones Público – Privadas y cuanto más es la moda, mayor es la necesidad de ser cautelosos y distribuir bien los riesgos entre el sector privado y el público, señala Augusto de la Torre, economista jefe para América Latina y el Caribe del Banco Mundial

“Lamentablemente, se cometen muchas equivocaciones cuando se adjudican estas concesiones. Una típica es que los riesgos y los costos terminan regresando al Estado. Si las armas mal, lo único que haces es darle alivio temporal a la caja fiscal. Pero es el nuevo Gobierno o los futuros los que tienen que hacerse cargo del proyecto”, menciona.

¿Por qué regresan al Estado? Según explica el experto, esto se debe a que al sector privado le interesa muchísimo pasar el riesgo y los costos al Gobierno y recibir la rentabilidad del peaje; y como al Gobierno le interesa que se haga la obra, si no hay un buen marco, el Estado acaba mal. “Termina absorbiendo los riesgos que debería habérselos pasado, en parte, al sector privado”.

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En ese sentido, afirma que para elegir una modalidad adecuada se deben considerar algunos temas de diseño como lo son: cómo se arma el contrato, cómo se asegura, qué parte de los riesgos los absorbe el sector privado, cómo se mitiga la tendencia que tienen los Gobiernos de dar demasiadas garantías cuando el sector privado las solicita, entre otros.

“Lo primero que hay que hacer es que el Gobierno, cuando vaya a hacer una adjudicación, vaya muy bien preparado, debe haber tenido antes una selección y priorización de qué proyectos vale la pena someter a adjudicación”, sostuvo.

Para ello, se requiere de un trabajo interno dentro del Gobierno y – agregó – que es necesario que el Ministerio de Finanzas esté al comando de esto, porque luego cada ministerio quiere hacer una APP con contratos que no siempre son buenos. “Luego el Ministerio de Economía se entera tarde, cuando tiene que pagar la cuenta, y eso no conviene”, menciona De la Torre.

Respecto a las renegociaciones que a veces solicita el privado, refirió que es importante que el Estado cuente con sistemas de solución de controversias. “Muchas de estas (renegociaciones) surgen porque son contratos de 15 a 20 años en los que el sector privado se queja, llora y renegocia. Uno de los problemas más típicos de las APP es que una vez que se adjudicaron, en los siguientes años la empresa que ha ganado renegocia y renegocia, pide adendas”.

Bajo ese contexto, refiere que al renegociar, las empresas ofrecen ofertas irrealistas para ganar la concesión y una vez que ganan la adjudicación tienen “enganchado” al concedente.

“Hay varias maneras de evitar esto, pero el Gobierno debe venir mucho más preparado para entender la estructura del proyecto, sus riesgos y sus costos para poder anticipar bien las cosas”, sostuvo.