Nos referimos principalmente al uso que los diferentes niveles de gobierno les dan a los cientos de millones de soles que las empresas mineras pagan por concepto de impuestos, tributos y gravámenes, pero también a sus leyes y reglamentos que, en ciertos casos, constituyen la raíz de los problemas.

Es bien sabido que la parte del Impuesto a la Renta que se convierte en canon (el 50%) no ha podido ser invertida con eficiencia. Las normas establecen el uso en inversión productiva, pero no son muy explícitas, y si hay falta de experiencia o malas intenciones, hasta un monumento o un estadio para 10,000 espectadores en una población de 3,000 pueden interpretarse como productivos.

El canon también financia la investigación en las universidades estatales ubicadas en las zonas bendecidas por la naturaleza. Bueno, eso es lo que dice la legislación, porque la realidad es muy diferente. Y el año pasado, el fisco recibió S/. 11,000 millones del canon que no fueron utilizados por los gobiernos regionales y distritales (provincias y distritos) ni las universidades.

Las empresas mineras han tomado una actitud proactiva y a través de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), han presentado una propuesta para modificar el Gravamen Especial a la Minería (GEM), el último de los tributos que paga este sector y que no ha generado ningún cambio en el gasto público. El GEM fue el primer logro del actual Gobierno y reemplaza al aporte voluntario, que fue un logro del anterior.

En esas épocas, los precios internacionales de los minerales estaban por las nubes y todos querían que los aportes de la minería aumentasen. Lo que nadie pareció saber fue la manera en que ese dinero adicional debía ser gastado (o invertido). Las mineras plantean que parte del dinero del GEM se entregue a los gobiernos regionales y que su uso siga las pautas del aporte voluntario. Bajo dicho esquema, eran las empresas las que destinaban los recursos a proyectos sociales en sus áreas de influencia. Creemos que es una buena idea.