INFORMALIDAD. Según la Sociedad Nacional de Minería, la minería informal ha destruido aproximadamente 53 mil hectáreas de nuestro territorio, algo que le ha costado al país unos US$ 2,000 millones. Esta actividad, además, viene causando un daño enorme al ambiente y la salud de las personas que entran en contacto con sus residuos –particularmente, con el mercurio–. Este problema, claramente, necesita una solución urgente. Sobre todo, cuando los esfuerzos de formalización, como vienen hasta la fecha, han sido tímidos e infructuosos, pues todavía existe más de medio millón de mineros informales según Miguel Santillana, investigador principal del Instituto del Perú.

En este contexto, el ministro del Ambiente ha anunciado que el Gobierno está evaluando la posibilidad de que el Estado compre el oro extraído por estos productores a cambio de que se incorporen a la legalidad. Sin embargo, para que este sea un incentivo realista, el precio al cual el Estado tendría que comprar el oro debería ser un tanto mayor al que reciben hoy los productores como para compensar los costos de atenerse a todas las regulaciones (ambientales, tributarias, laborales) que implica la formalización. Esto representaría una porción significativa del fisco, sin duda, considerando la cantidad de oro extraído de esta manera. ¿Y para qué?

El Estado debe saber que los recursos no sobran exactamente, por lo cual es necesario emplearlos sabiamente. Si bien los refuerzos positivos pueden ser útiles en algunos casos de formalización, la minería informal se diferencia de una ferretería, por ejemplo, por las externalidades que causa la primera de estas. Y como cualquier otra actividad perniciosa, la minería también debería ser propiamente fiscalizada para ser desalentada.

Para ello, se requiere una mayor participación del gobierno central a través del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental y de la Policía, así como una mayor cantidad de fiscales asignados a estos casos por parte del Poder Judicial. Mientras que, de forma paralela, el Gobierno también debe facilitar el proceso de formalización, agilizando trámites y reduciendo costos.

Incentivar la formalización en este caso no implica garantizarles el negocio a los extractores de oro. Solo implica encarecer la informalidad por encima de la formalidad.