DEMORAS. Las reformas estructurales son las más ingratas: implementarlas es complicado y los frutos de sus éxitos –cuando son bien diseñadas y ejecutadas– no los disfruta el Gobierno que las puso en marcha sino los que siguen. La administración tributaria, el Sistema Privado de Pensiones y la autonomía del BCR, fueron en su momento reformas estructurales que se han ido afianzando con los años y que no dejan de renovarse. La descentralización, en cambio, no ha tenido el resultado esperado porque todo se hizo mal desde el inicio. Es que comenzar es lo más difícil.

El gobierno de Ollanta Humala cuenta entre sus aciertos la promulgación de la Ley del Servicio Civil (Ley Servir), en julio del año pasado, que ordena la contratación laboral del Estado. Pero hasta la fecha no ha podido implementar sus ambiciosas disposiciones en ninguna entidad pública porque aún falta completar su reglamentación. Esta es una de las deficiencias más graves del Poder Ejecutivo: su incapacidad para reglamentar leyes dentro de los plazos establecidos –en algunos casos, las demoras son escandalosamente prolongadas–.

Con respecto a la Ley Servir, se trata de tres reglamentos que debieron entrar en vigencia en enero de este año: el general y el relacionado con los municipios han sido prepublicados para recibir aportes, en tanto que el referido a las remuneraciones todavía no ha sido hecho público. Algunos ministerios y organismos reguladores están adecuando sus estructuras organizacionales a la ley, lo cual es una buena noticia, pero el grueso del sector público continúa ignorando el asunto.

Otro obstáculo que impide el comienzo de esta reforma es la oposición de un gran número de empleados estatales, que principalmente por desconocimiento y azuzados por quienes buscan evitar cualquier modernización de la burocracia, no han dejado de salir a las calles a protestar. En primera fila se ubican, cómo no, los trabajadores del Poder Judicial, que paradójicamente es una de las entidades públicas que requiere una reestructuración total. Depende del Gobierno que la Ley Servir sea un éxito o uno de sus más estrepitosos fracasos.