(Reuters) Minutos después de asumir el cargo en el 2011, la presidenta Dilma Rousseff prometió ante el Congreso terminar con los acuerdos secretos y los esquemas de sobornos en el corazón de la política brasileña.

Por un tiempo pareció que cumplía su promesa. En su primer año destituyó a siete ministros salpicados por acusaciones de delitos y registró el mayor nivel de aprobación de un presidente desde el regreso de la democracia en 1985.

Sin embargo, cinco años después y en medio de la peor recesión desde la década de 1930, Rousseff sería suspendida del cargo por el Senado para someterla a un juicio político por infringir leyes presupuestarias.

Pese a que no enfrenta ningún cargo de enriquecimiento personal, el fiscal acusó a la mandataria de obstruir una investigación de corrupción en la estatal Petrobras, el mayor escándalo de la historia de Brasil. Rousseff encabezó el directorio de la compañía petrolera entre el 2003 y 2010.

Rousseff niega haber cometido delitos y afirma que es víctima de un “golpe”. Pero la recesión y el escándalo de Petrobras volvieron a la mayoría de los brasileños en su contra, motivando los esfuerzos opositores para removerla del cargo.

Al explicar qué salió mal, ex ministros, asesores y legisladores apuntan a la terquedad de Rousseff, su mal manejo económico y una tendencia a aislarse. Combinadas, esas características la llevaron a rechazar consejos que podrían haber evitado la recesión y el fin de su carrera política.

Un ex ministro de Rousseff señaló un error clave en el 2014 tras ser reelecta por un estrecho margen, pese al descontento por la economía y servicios públicos malos.

En su primera reunión después de la elección, Rousseff le dijo orgullosamente a su mentor, el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que la votación mostraba que el pueblo aún estaba de su lado, recordó el ministro. “No”, contestó Lula. “Nos están dando una advertencia. Y nos están diciendo que no tendremos una segunda oportunidad”.

Pero Rousseff no hizo nada para cambiar de rumbo.

Camino a la crisis
Durante su primer año en el cargo, el crecimiento económico se redujo a 3.9% debido a una caída de los precios de las materias primas y un menor gasto de los consumidores.

Rousseff abandonó gradualmente principios económicos tales como metas de inflación y presupuestos balanceados. Además, ignoró los pedidos de empresarios de una reforma laboral, impositiva y de pensiones para que Brasil ganara competitividad.

Pese a los menores ingresos impositivos, Rousseff aumentó el gasto, con la esperanza de que las obras públicas impulsaran la inversión. Para frenar la inflación, congeló el precio de los combustibles y otorgó exenciones impositivas a las compañías de energía para que mantuvieran bajas las tarifas.

En el 2013, el descontento llevó a millones de personas a marchar en todo el país. Aun así, el gasto desmedido la ayudó a lograr la reelección, aunque poco después se hizo aparente que varias maniobras contables permitieron que las finanzas del gobierno parecieran mejor de lo que eran.

Casi de inmediato de empezar su segundo mandato en enero del 2015, la gravedad de los problemas de Brasil se hizo latente. La inflación anual superó el techo de la meta oficial de 6.5% y terminó el año encima de 10%. El desempleo aumentó, al igual que la indignación pública por la corrupción, y la aprobación a la mandataria cayó en picada.

Molestos el engaño de la mandataria sobre el estado de las finanzas públicas, legisladores opositores pidieron su juicio político. Un auditor federal confirmó las irregularidades presupuestarias.

Rousseff tropezó de nuevo, esta vez al manejar al poderoso PMDB, un partido con más escaños en el Congreso que cualquier otro y clave para su coalición.

“Ella subestimó la reacción del PMDB y la importancia de la dependencia del gobierno en ese partido”, dijo Paulo Pimenta, un veterano congresista del gobernante Partido de los Trabajadores.