La Defensoría del Pueblo recomendó a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) revisar la norma que establece topes salariales a los funcionarios y servidores municipales, para incorporar criterios que permitan contratar personal calificado con remuneraciones superiores a la de los alcaldes.

Esta recomendación se dio luego que la Defensoría del Pueblo presentara el informe denominado El Derecho humano al Agua y Saneamiento, que es el número 170 que elabora la entidad.

El informe analizó la problemática de 19 obras de agua y saneamiento en las regiones de Apurímac, Huánuco, La Libertad, Lambayeque, Moquegua, Pasco y Tumbes, de los cuales 12 proyectos se encuentran inconclusos o paralizados, con una demora promedio de 43 meses.

Uno de los principales problemas para esta situación es el incumplimiento de las obligaciones de los contratistas, así como las deficiencias en los expedientes técnicos de los proyectos.

Es precisamente por esta última situación que la Defensoría del Pueblo considera necesario que los municipios puedan contratar personal calificado para lograr mejorar la calidad de los proyectos.

“Los municipios carecen del personal suficiente y de las capacidades para poder llevar adelante obras que tienen una envergadura importante”, explicó el defensor del Pueblo, Eduardo Vega.

Los proyectos paralizados en agua y saneamiento evaluados por la Defensoría del Pueblo, tienen un presupuesto promedio de S/. 173 millones que se invertido sin culminar las obras. En total son 330,000 personas afectadas por la no concreción es estos trabajos.