En el Perú se identificaron 4,353 pasivos ambientales de alto riesgo, que son resultado de actividades mineras y de hidrocarburos, cuya remediación exige una atención prioritaria por parte del Estado ya que vienen poniendo en riesgo al ambiente, la vida y la salud de las personas, informó el Defensor del Pueblo, Eduardo Vega.

Según el informe de la Defensoría, alrededor de 4,281 pasivos de alto riesgo son producto de la actividad minera, mientras que 72 son generados por el sector hidrocarburos.

Asimismo, vega precisó que el número total de pasivos ambientales registrados en el sector minero es de 8,616, mientras que en el sector hidrocarburos se tienen registrados 156 pasivos ambientales; aunque en el 2002, Perupetro informó que existirían más de 6,000 pozos mal abandonados.

En cuanto a las responsabilidades señaló que, en el sector minero, 7,531 casos carecen de responsables y estudios ambientales; mientras que en el sector de hidrocarburos no se ha identificado responsabilidad alguna.

Incluso, existen 61 pasivos ambientales mineros cuyos responsables mantienen la titularidad de la concesión en donde estos fueron generados.

“Los responsables que no remedian los daños que generaron no deben mantener concesiones vigentes, ni mucho menos tener nuevas concesiones”, enfatizó Vega.

Añadió que, al cierre de este informe, la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas (MEM) no había aprobado la lista de impedidos de efectuar petitorios mineros o explorar alguna unidad minera como concesionario.

En cuanto al sector de hidrocarburos, durante la investigación realizada, se detectó un retraso de más de cinco años en el inicio de las acciones destinadas a la remediación, pese a que la ley que regula a este tipo de pasivos se aprobó en el año 2007.

Dicha situación se generó por la demora en la reglamentación de la Ley, así como por la paralización por casi dos años de la identificación de los pasivos en dicho rubro. Producto de dicho retraso, no se han identificado responsables, ni se ha remediado ningún pasivo ambiental en este sector.

Por ello, el representante de la Defensoría del Pueblo recomendó a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) disponer y coordinar con las entidades competentes la atención prioritaria de dicha problemática.

Además, solicitó al Ministerio del Ambiente (Minam), en su calidad de ente rector, a intensificar su intervención hasta lograr la remediación de los pasivos ambientales, impulsando y liderando las acciones destinadas a su adecuada gestión.

Exhortó también tanto al Poder Ejecutivo como al Congreso de la República a garantizar que en el Presupuesto de la República se asignen los recursos económicos que permitan cumplir con la inmediata remediación de los pasivos ambientales considerados de alto riesgo, sin que para ello sea necesario contar previamente con un responsable determinado.

Finalmente, solicitó al Parlamento derogar el artículo 19 de la Ley Nº 30230, ley que estableció medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión, el mismo que contempla la suspensión de los procedimientos administrativos sancionadores tramitados por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y la reducción del importe de las multas impuestas.