Tras la contienda electoral, dos economistas conversan sobre alternativas para destrabar los proyectos mineros. Aquí el interesante diálogo entre Adamo (A) el “liberal” y Maynardo (M) el “progresista”.
M: Durante la campaña se planteó la figura del “adelanto social” o que se realicen obras para las comunidades aledañas a los proyectos mineros de manera que puedan disfrutar por adelantado de los beneficios de la minería, reduciendo la conflictividad social y facilitando así la ejecución de los proyectos. Creo que es una buena idea.
A: Concuerdo en que si los beneficios no llegan a la población circundante y afectada por la actividad minera, no se podrá destrabar los proyectos mineros, como Conga o Tía María. Pero tengo serias dudas respecto de que esta sea la mejor manera…
M: ¿Cuáles son tus dudas?
A: No me atrae la idea de gastar por adelantado aquello que no se tiene. Más beneficioso sería modificar la Ley de Canon para que se reparta directamente a la población y no a los gobiernos locales los beneficios de la minería. Capitalismo directo mi querido Maynardo.
M: ¿Estás pensando en un canon repartido directamente a los pobladores como en Alaska?
A: Precisamente, y para ello solo basta privatizar el subsuelo y otorgar la respectiva titulación. Esto permitiría que cada poblador negocie directamente con la empresa minera el derecho de uso o la compra de terrenos y que cada poblador reciba directamente un cheque por concepto de canon. Esto es mucho mejor que el esquema actual donde la “comunidad campesina” es quien negocia y administra los recursos. Estos entes colectivistas han demostrado que solo funcionan en las utopías de izquierda pero no en la realidad.
M: Yo no creo que esa sea la solución. ¿Qué razón tienes para pensar que darle dinero a los pobladores es mejor que diseñar y ejecutar buenos proyectos de inversión para las comunidades? Lo que probablemente sucedería es que la gente dirija estos ingresos al consumo sin dejar nada para la comunidad, privilegiando el beneficio individual y no el colectivo. Además, tu propuesta es poco práctica porque requeriría un cambio constitucional.
A: Si es necesario cambiar la Constitución pues hay que hacerlo. Además, no estoy planteando que los gobiernos subnacionales reciban cero de canon, solo que una parte de los recursos que hoy reciben por este concepto se convierta en pagos individuales a los pobladores, generando los incentivos correctos para facilitar la inversión minera.
M: Esa es una utopía liberal que funciona en libros de texto o en Alaska pero no en la sierra peruana. Para empezar, no existe titulación y nadie sabe a ciencia cierta de quién son los terrenos o si son simplemente colectivos. Segundo, es casi imposible identificar quién vive dónde para no hablar de la migración. Además, con estos incentivos mucha gente regresaría a instalarse cerca de las minas generando así mayor conflictividad. Finalmente, ¿dónde pones el límite de quiénes compensas? ¿A los de la comunidad, el distrito, la provincia…?
A: La ausencia de derechos de propiedad individuales, característico de las comunidades ancestrales, es una barrera al desarrollo y a la eficiencia económica.
M: Bla, bla, bla. Los principales opositores a los grandes proyectos mineros ni siquiera viven cerca de las minas. La comunidad de Porcón –vecina de Yanacocha– ha tenido una relación amigable y simbiótica con la mina; en cambio, la oposición a Conga provino de zonas lejanas al radio de influencia del proyecto.
A: ¿Cuál es tu receta entonces mi querido “progre”?
M: El problema nace con la ausencia de Estado y la falta de servicios públicos que ahora las comunidades demandan a los inversionistas. Paradójicamente, el actual Gobierno desmanteló el llamado Óbolo Minero que permitía realizar obras locales prioritarias a menor costo, dándoles capacidad de gestión a los municipios y acercándolos a las empresas. Pero esto de darle plata directamente a la población es absurdo…
A: Ese discurso lo he escuchado antes. Lo cierto es que los gobiernos regionales y municipios reciben una cantidad gigantesca de recursos y no logran generar desarrollo. Lo que se ha logrado es generar corrupción y dispendio. Es sintomático que haya tantos gobernadores regionales – especialmente aquellos de regiones mineras– que estén presos. Hay que modificar la Ley de Canon para devolverle al ciudadano el control – al menos parcial – de esos recursos.
M: Sin duda, la Ley de Canon es un monumento a la inequidad. El 75% del canon minero va a solo seis regiones (Áncash, Arequipa, La Libertad, Cajamarca, Moquegua e Ica). Y del canon de Áncash, ¡la provincia de Huari recibe lo mismo que la suma de las otras 19 provincias!
A: Y uno va a Huari y no te deslumbra su progreso… En esto estamos de acuerdo. Urge modificar la Ley de Canon para que sea más equitativo y que los beneficios lleguen a la población. Por eso, una parte del canon debe repartirse directamente entre los pobladores.
M: Sin duda, es fundamental modificar la Ley de Canon, pero no para entregar dádivas individuales, sino para promover inversiones en infraestructura adecuada. Que las regiones estén impedidas de tomar deuda contra ingresos futuros los condena a realizar obras pequeñas de poco impacto. Pero obras importantes, que pueden involucrar incluso varias regiones son inviables sin presupuestos multianuales que comprometan ingresos futuros.
A: Es muy peligroso comprometer ingresos futuros que son por su naturaleza volátiles. Esa es la receta de la quiebra de los gobiernos subnacionales, que luego tendrán que ser rescatados por el Gobierno central, generando un forado fiscal que pagaremos todos los peruanos.
M: Tú siempre tan pinchaglobos…
A: Te hablo con la experiencia. ¿O ya te olvidaste de cómo quebraron los gobiernos regionales en Argentina justamente por darles la libertad para endeudarse?
M: Según tu visión, las regiones no deberían hacer nada ambicioso y contentarse con pequeñas obras. Reforma del canon sí, pero con gobiernos que busquen materializar los beneficios para las comunidades, reduciendo así la oposición a los proyectos mineros.
A: Parece que no nos entendemos…
