La corrupción estatal y la inseguridad ciudadana se han elevado por encima de los conflictos sociales como los factores críticos que afectan el clima de inversiones en el país, argumentó Juan Arroyo, investigador de Centrum Católica, tras hacer un balance sobre la institucionalidad en Perú a la mitad del gobierno de Ollanta Humala.

En su análisis, los conflictos sociales han amainado, debido al fructífero modelo de diálogo con las comunidades. Hay casos pendientes y otros más latentes, pero hoy no es un factor determinante para la decisión de los empresarios e inversionistas como hace dos años. “La crisis institucional y la corrupción son los obstáculos principales, los cuales se expresan en la inseguridad ciudadana”, advirtió.

Explicó que la inseguridad ciudadana no es un problema de falta de policías, sino de un “clima nacional que es permisivo a todo lo que es falta”, lo que se ve en el incremento de la extorsión y el sicariato, formas típicas que padeció Colombia y México. “El empresario está ante un Estado muy avieso (torcido y fuera de regla), capaz de hacer arreglos bajo de la mesa, y un país donde no hay seguridad”, dijo Arroyo.

Crisis política
Según el investigador de Centrum-Católica, la crisis de institucionalidad ha empeorado en los últimos dos años. Y lo más notorio en este 2013 es “la crisis abierta de la política, con mucho ruido mediático”. Se han adelantado las elecciones del 2016 con mucha anticipación, y mientras que en otros países los expresidentes son consultores senior de la Nación –resaltó–, en el Perú están presos o investigados por corrupción.

La crisis de la política viene de muchos años, pero la novedad –según Arroyo– es que se ha configurado “una democracia de la sospecha, de la averiguación de cosas personales, con poder fácticos que se mueven muy abierta e impunemente”. Lo último fue el caso López Meneses.

“El país quizá sea la marca del narcotráfico y su estilo de trabajo. Lobista permanente y cada vez más avieso. En ese entorno, hacer negocios competitivos y construir una imagen país limpia es muy difícil. Tenemos una economía que intenta acercarse al primer mundo, pero con una política de cuarto mundo”, alertó.

Arroyo explicó que ya los empresarios no solo se fijan en las oportunidades de la economía, sino en la política y la institucionalidad, porque “esa violencia psicológica cotidiana contra la población también atenta contra el clima de negocios”.

Para el economista, al Gobierno le falta un rumbo específico. El Perú ya tienen el marco general, pero le falta un tamiz de largo plazo, pues se creyó que la inclusión social lo era, pero no ocurrió así. Y el 2014 será decisivo para tomar precauciones: “Si el próximo año no resolvemos estos problemas (corrupción, inseguridad ciudadana, institucionalidad), más aún que es un año electoral, podrían convertirse en trabas importantes para la economía”, finalizó.