La Contraloría General pidió al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) transferir los recursos que han sido solicitados, de forma reiterada, para cumplir con la sentencia judicial que el año 2009 ordenó el pago de obligaciones a 273 cesantes y jubilados de la institución.

En el año 2009, la Asociación de Cesantes y Jubilados de la Contraloría General obtuvo una sentencia favorable de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que el Estado peruano, a través de la Contraloría General, les pague más de S/ 257 millones por conceptos remunerativos derivados del Decreto Ley 20530.

A la fecha, la Contraloría General ha pagado S/ 86’271,000 y queda pendiente un saldo de más de S/ 171 millones.

En enero de 2015, el Noveno Juzgado Constitucional de Lima, encargado de hacer cumplir la sentencia de la CIDH, ordenó a la Contraloría cancelar la deuda, pero no ha sido posible por no contar con los recursos que debe transferir el MEF.

El organismo de control mencionó que ha ido cumpliendo con lo ordenado por las sentencias judiciales del Poder Judicial y la CIDH, sin comprometer la continuidad de sus funciones, sin embargo, ello no ha sido suficiente.

“En el año 2015, el Noveno Juzgado Constitucional de Lima remitió copias certificadas al Ministerio Público para que se formule denuncia penal contra el Contralor General y otros funcionarios, por no pagar la deuda a los cesantes y jubilados”, subrayó.

Mencionó que a la fecha está pendiente la transferencia de los recursos necesarios para cumplir con el saldo pendiente, y en setiembre del presente año se cursó el último oficio sobre el tema al MEF.