Consorcio que va por Línea 2 afirma que su patrimonio es seis veces lo exigido por ProInversión

El Consorcio Nuevo Metro de Lima defiende su patrimonio neto, requisito que exigió ProInversión para calificar a los postores de la Línea 2 del Metro de Lima. Sin embargo, gestion.pe conoció que la agencia estatal no exigió la entrega de índices de solvencia financiera.

El Consorcio Nuevo Metro de Lima, el único postor que presentó su oferta técnica y económica para la concesión de la Línea 2 del Metro de Lima, informó que las empresas que lo conforman cuentan con un patrimonio neto que supera los US$ 10,100 millones.

Indicó que esta valoración patrimonial supera en seis veces los US$ 1,600 millones que había establecido la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) como monto mínimo en las bases para la concesión de la Línea 2.

Sin embargo, fuentes consultadas por gestion.pe informaron que ProInversión no solicitó a los postores índices de solvencia financiera. Además, dichas fuentes aseguraron que por lo menos una de las empresas que forman parte de ese consorcio estaría afrontando dificultades financieras.

Consultado sobre el tema por gestion.pe, ProInversión se abstuvo de explicar por qué no solicitó a las empresas información sobre sus índices de solvencia financiera para la precalificación.

El Consorcio Nuevo Metro de Lima está integrado por Cosapi (Perú); Iridium Concesiones de Infraestructura, y Vialia Sociedad Gestora de Concesiones de Infraestructura (España); e Impregilo, Ansaldo Breda, y Ansaldo (Italia).

Sin embargo, el consorcio se defiende, afirma que la agencia calificadora de riesgo crediticio Fitch Ratings le otorgó un rating crediticio específico para el proyecto de BBB, solo un nivel por debajo de los bonos soberanos del Perú.

De todas las empresas que forman parte de dicho consorcio, FCC (Vialia), ACS (Iridium), Salini-Impregilo y Ansaldo STS cotizan en los mercados bursátiles de sus respectivos países.

“Ello exige que cada una de ellas publique periódicamente sus estados financieros y los someta a la aprobación de sus accionistas y del Regulador Bursátil. Además, deben cumplir estrictas normas de buen gobierno corporativo”, indica el consorcio.

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