El Consorcio Prisontec, integrado por las empresas Global Circuit Perú E.I.R.L., Global Circuit Ltda. y Teleservicios Populares S.A.C., ganó la Buena Pro del proyecto Prestación de Servicios de Seguridad Tecnológica en las Prisiones (bloqueo de celulares y Wi-Fi), informó ProInversión.

Tras evaluar las propuestas técnicas (sobres Nº 2) de los postores que presentaron ofertas el 19 de junio, el Comité Pro Desarrollo determinó hoy que todos cumplieron los requisitos exigidos en las bases del concurso.

En ese sentido, procedió a abrir los sobres Nº 3 (propuestas económicas) y concluyó que la oferta económica del Consorcio Prisontec es la más favorable, procediendo a la adjudicación del proyecto.

El Consorcio Prisontec se adjudicó la buena pro porque ofertó el mayor descuento a las tarifas máximas del proyecto para la telefonía pública.

El descuento ofertado fue de 55.11%, favoreciendo a la población usuaria del servicio de telefonía pública de los establecimientos penitenciarios.

Por su parte, el Consorcio M. (Mass) Communications Ltd. – Tikal Networks Ltd. propuso un descuento de 51.80%.

La ejecución del proyecto permitirá instalar sistemas de bloqueo y/o inhibición de señales radioeléctricas de los servicios de telefonía móvil y Wi-Fi en 33 establecimientos penitenciarios del país que agrupan poco más del 90% de la población penitenciaria, lo que ayudará a reducir sustancialmente el crimen organizado desde las prisiones (extorsiones, robos, tráfico ilícito de drogas, etc.).

El proyecto, al mismo tiempo, contempla la instalación de teléfonos públicos en dichos establecimientos penitenciarios, garantizando la seguridad de las comunicaciones que realicen los internos.

En ese sentido, el proyecto es auto-sostenible (la inversión se recuperará mediante el cobro de las tarifas del servicio de telefonía pública), por lo que no se contempla un cofinanciamiento del Estado.

El Contrato de Prestación de Servicios tendrá una vigencia de 25 años. En este plazo el adjudicatario deberá implementar todos los cambios tecnológicos necesarios para bloquear los nuevos servicios móviles que entren al mercado.

El proyecto que impulsa ProInversión, cuenta con el respaldo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos e INPE, y requeriría una inversión aproximada de US$ 4.1 millones (sin IGV).