La Comisión de Economía del Congreso aprobó ayer, por unanimidad, un proyecto de ley que limita el uso de efectivo en transacciones de alto valor, medida que ayudará a combatir el lavado de activos y la evasión tributaria.

La iniciativa, presentada por el congresista oficialista Gino Costa, establece que los pagos por la compra y venta de inmuebles, vehículos (aéreos, marítimos o terrestres) y por la adquisición, aumento y reducción de participación en el capital social de empresas, que sean iguales o superiores a las 3 UIT (S/ 12,150), solo se podrán realizar a través de medios de pago del sistema financiero.

Hoy, la legislación vigente no impide que dichas transacciones se realicen en efectivo. Solo los pagos de empresas y personas por montos desde S/ 3,500 o US$ 1,000, que quieran acogerse a beneficios tributarios, tienen la obligación de pasar por el sistema financiero.

Los depósitos a cuenta, giros, transferencia de fondos, órdenes de pago, tarjetas de créditos y de débito son las opciones, hoy reconocidas, para cancelar la compra de viviendas y autos. A ellas se añadirán los cheques, remesas y cartas de crédito, según el proyecto de ley, que aún debe ser votado en el pleno.

Formalización
En el Perú, el efectivo sigue siendo el medio de pago preferido por los hogares peruanos, siendo utilizado en más del 99% de los casos para las compras más recurrentes, según un reporte de la Asociación de Bancos (Asbanc).

En opinión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), esta medida contribuye a lograr la formalización de la economía, lo que genera mayor seguridad y previene y combate las actividades delictivas del crimen organizado, el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

“Es un mecanismo que ha dado resultado en otros países como México, donde se ha reducido la inseguridad que produce transar en las calles y transitar con alto valor de efectivo”, señaló Sergio Espinosa, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), entidad adscrita a la SBS.

Sanciones
Según la iniciativa, las empresas o sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas de lavado de dinero, deben verificar que sus clientes cumplan con usar el sistema financiero para las transacciones consideradas.

Si estos se niegan a presentar la documentación que acredite el cumplimiento de la obligación, las empresas podrán rechazar la operación y enviar a la UIF un reporte de operación sospechosa (ROS).

Adicionalmente, los notarios, jueces de paz, contratantes y registradores no deben formalizar estas operaciones de alto valor si no se utilizan medios de pago financiero. De no hacerlo, se exponen a sanciones.