“Algunas condiciones propuestas por el Estado en la licitación del espectro Banda 700 MHz o también llamado Dividendo Digital, no contribuyen a lograr que ésta sea prontamente aprovechada por la población, sino por el contrario, generan sobrecostos a los operadores de telecomunicación, y podrían terminar perjudicando seriamente al sector y a los usuarios móviles en general”, señaló Liliana Ruiz, presidenta de Alterna Perú en su Boletín de Telecomunicaciones.

El Estado Peruano ha decidido licitar una porción de espectro radioeléctrico –adicional al espectro que se encuentra actualmente en uso-, para que los operadores de telecomunicaciones puedan continuar prestando los servicios móviles que los usuarios consumen cada vez más con mayor intensidad.

El proceso empieza en septiembre de 2015 y se calcula que culminará con la entrega de la buena pro en enero 2016.

La presidenta de Alterna Perú explicó que en el país se planea establecer un esquema de licitación sin precedentes.

Este esquema traslada a los operadores de telecomunicaciones no solo los costos de la limpieza de la banda –cuyo monto aún no ha sido comunicado-, sino también responsabilidades que suelen corresponder a los gobiernos.

“El Estado Peruano pretende trasladar no solo los costos de la migración a los operadores de telecomunicaciones, sino que incluso parece no estar interesado en liderar el proceso de migración de los canales de televisión, renunciando a establecer las reglas necesarias y fiscalizar su cumplimiento”, dijo.

Agregó que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), autoridad en gestión del espectro, reduce su participación en el proceso de migración al de un verificador y coordinador de las actividades de migración, cuya responsabilidad se la traslada a otros agentes involucrados.

Para la presidenta de Alterna Perú, la falta de liderazgo del Estado en un proceso de migración como el señalado, genera incertidumbre para el sector –operadores y usuarios- respecto de los tiempos y costos que serán necesarios para que la Banda 700 MHz se encuentre en condiciones adecuadas para la prestación de servicios móviles.

“Si los costos son trasladados a los adjudicatarios de la Banda 700 MHz -sin mayor justificación y sin información completa-, la licitación producirá resultados ineficientes que finalmente serán soportados por los usuarios móviles en formas de mayores precios por el servicio, menor cobertura, retrasos en su disponibilidad, entre otros perjuicios”, indicó.

Agregó que el MTC haría bien en justificar por qué la responsabilidad de limpieza de la banda de 700 MHz recaerá sobre los operadores de telecomunicaciones, cuando no existe experiencia internacional concluida que avale dicho esquema.

Además cuando el antecedente nacional más próximo –limpieza de la Banda 900 MHz, realizada por un fideicomiso bajo la responsabilidad del adjudicatario Viettel Perú-, es recordado por haber sufrido retrasos e influido en la demora del inicio de operaciones comerciales de dicho operador.

Resaltó que la licitación debería orientarse a exigir a los operadores de telecomunicaciones, el cumplimiento de obligaciones de cobertura.

Latinoamérica
En países de nuestro continente como Argentina, Colombia, Estados Unidos o México, así como en todos los países de Europa, la liberación de Banda 700 (Dividendo Digital) se ha realizado o viene siendo realizada directamente por la autoridad de gobierno que administra el espectro radioeléctrico.

“Esa es la forma correcta de gestionar un recurso del Estado como el espectro radioeléctrico y liberar la banda del Dividendo Digital, es la que ha seguido la mayoría de países revisados con experiencias concluidas”, dijo.

La mayoría de países ha licitado la banda del Dividendo Digital para servicios móviles, cuando ésta se encontraba “completamente libre de señales de televisión e interferencias, o cuando la liberación completa de la banda se encontraba bastante próxima. La Limpieza de la Banda 700 MHz es una responsabilidad de los Estados”, comentó.

En algunos casos, los gobiernos han utilizado para tal fin, el dinero recaudado en la licitación de espectro para servicios móviles –Por ejemplo España-, y en otros casos la migración ha sido costeada por los propios titulares de los canales de televisión, en cumplimiento de sus obligaciones con el Estado y/o como parte del proceso de cambio de la televisión analógica a la televisión digital.

Banda sin interferencias
Liliana Ruiz señaló que es responsabilidad del Estado ofrecer al sector telecomunicaciones una Banda 700 MHz limpia y sin interferencias, para que en ésta se desplieguen rápidamente redes y servicios móviles.

Dijo que la situación rezagada en que se encuentra el Perú respecto del acceso a Internet, debería llevar a la reflexión a las autoridades y reorientar la licitación de la Banda 700 MHz hacia el cumplimiento de obligaciones de cobertura a cargo de los operadores de telecomunicaciones, para beneficio directo y pronto de la ciudadanía.

Indicó que según estimaciones de la UIT (Organismo especializado de las Naciones Unidas para las Tecnologías de la Información y la Comunicación) al finalizar este año, el 82% de hogares de los países desarrollados tendrá acceso a Internet, mientras que en el continente americano, el promedio respectivo de todos los países alcanzará el 60%. Cabe indicar que Chile, por ejemplo, ya el año 2014 tenía el 62% de sus hogares conectados a Internet.

Sin embargo, en el Perú- agregó- a fines del 2014, sólo el 23.5% de los hogares a nivel nacional accedía a Internet, cifra que disminuía al 21.1% si sólo se consideraba el ámbito urbano sin Lima Metropolitana, y que se reducía a un casi ínfimo 1.2% si se contaban únicamente los hogares del ámbito rural.

Es decir, sin considerar Lima Metropolitana, en el país -a fines del año pasado-, solo 1 de cada 5 hogares del ámbito urbano tenía acceso a Internet y 1 de cada 100 hogares del ámbito rural hacía lo propio.

En dicho contexto- concluyó- la licitación de la Banda 700 MHz es una oportunidad que el Estado Peruano no debe desaprovechar para aplicar medidas que contribuyan al cierre de la brecha de acceso a Internet que existe en el Perú frente a otros países, y también al cierre de la brecha interna (urbano-rural).