Una sentencia inusual dictó la Sala Penal Liquidadora Permanente de la Corte de Justicia de Lambayeque por el uso de falsos comprobantes de pago, pues son pocos los defraudadores que reciben la pena de cárcel.
Jacinto Bernal Castro -dueño de un negocio de extracción de anchoveta- y su contador, Toribio Urcia Palma, fueron condenados a ocho (8) años de cárcel por ser responsables del delito de defraudación tributaria en la modalidad de “uso indebido de crédito fiscal con facturas falsas”. Un tercer implicado recibió seis años de prisión efectiva.
Los sentenciados sustentaban operaciones ficticias con documentos fraudulentos para disminuir el pago de las obligaciones tributarias correspondientes al Impuesto General a las Ventas (IGV) e Impuesto a la Renta (IR),beneficiándose, además, con un crédito fiscal por actividades comerciales inexistentes.
Los funcionarios de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) formalizaron la denuncia correspondiente al detectarse irregularidades en las declaraciones y pagos de los periodos tributarios de los años 2003, 2004 y 2005, durante las acciones de control y auditoría que efectúan permanentemente a todos los contribuyentes.
De acuerdo a las versiones obtenidas durante el proceso judicial, los sentenciados inducían a terceras personas para que utilicen su RUC y emitan facturas falsas por operaciones comerciales que no realizaban y que registraban en la contabilidad de la empresa. El monto total de defraudación tributaria es mayor a S/. 1’300,000.00 soles.
El empresario Jacinto Bernal, en coordinación con su contador Toribio Urcia, planificaban la compra ilícita de las facturas a diversas empresas como “Safres SRL”, “Comercializadora y Servicios de Pesca”, “Comercio y Servicios Ricard”, “Combustibles y Lubricantes Bravo”, “Málaga Representaciones y Petro Norte SAC”, entre otros.
En la sentencia también se incluyo a César Monja Monja, en calidad de cómplice, quien fue condenado a seis (06) años de prisión efectiva. Él se encargaba de contactar con las empresas para proponer el ilícito negocio de compra de las facturas falsas.