La modernización del aeropuerto internacional Jorge Chávez, proyecto de más de US$1,200 millones, es una de las tantas mega obras paralizadas por la ineficiencia del Estado, pero parece que al concesionario ya se le acabó el tiempo de espera.

La presidenta de Ositran, Patricia Benavente, reveló a Gestión que Lima Airport Partners (LAP), concesionario del aeropuerto internacional Jorge Chávez, planea llevar al Estado peruano al CIADI -Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones- por la demora en la entrega de terrenos que impiden iniciar las obras.

Las obras contemplan la construcción de una segunda pista de aterrizaje y un terminal adicional que permitirían atender la creciente demanda que en este momento recibe el Jorge Chávez y que ya lo han llevado a un punto de colapso.

El retraso en la entrega de terrenos saneados lleva más de 11 años y el 31 de diciembre del 2015 volvió a vencer un nuevo plazo de compromiso, un hecho que tiene muy preocupado al concesionario, dado que no hay fechas claras para el inicio de operaciones.

“Ya pasaron cinco meses desde que venció el plazo del Estado para entregar terrenos el 31 de diciembre del 2015, el concesionario ya presentó una última solicitud para iniciar trato directo, pero han indicado que de no llegarse a un acuerdo van a plantear la demanda en el CIADI”, advirtió la presidenta del regulador.

Ingresar a una situación de trato directo implica que ya se activó el procedimiento de solución de controversias, que está contemplado en el contrato de concesión. Este proceso cuenta con dos instancias: en la primera las partes se sientan a negociar un acuerdo y si no llegan se van a un arbitraje internacional en el CIADI.

Benavente reveló que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha entregado un borrador de adenda al concesionario para llegar a un acuerdo, pero el punto principal de discusión se encuentra en la reparación que recibirá LAP.

“Lo que está pidiendo el concesionario como compensación por los retrasos del Ministerio de Transportes es ampliación del plazo de la concesión, es decir más años para explotar la infraestructura”, mencionó.

A la fecha, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha entregado el 53% de los terrenos saneados al concesionario, pero aún falta entregar todo el resto debido a que aún poseen una serie de interferencias que LAP exige que se eliminen.

Las principales interferencias a remover son: el túnel de la Av. Gambeta que debió estar listo en el mes de diciembre, pero que a la vista de los avances de obras se estima que estén listo hasta finales de este año o principios del 2017.

También existen ductos de desagüe de Sedapal y colectores que tienen que ser removidos de la zona; asimismo hay un ducto de gas que debe ser quitado porque constituye una interferencia con la segunda pista de aterrizaje y un montículo de 17 metros de desmonte que se ha venido acumulando en parte del terreno a entregar.

Una solución en el corto plazo para contribuir a la eficiencia de la operación del aeropuerto en las horas punta, sería acceder a las plataformas de las Fuerzas Armadas de tal manera de incrementar en 30% el número de posiciones de parqueo de aeronaves. Este pedido ha sido efectuado por LAP desde el 2012, y hasta la fecha no cuenta con respuesta alguna por parte del Estado

“Recordemos que el Estado recibe aproximadamente el 52% de los ingresos brutos del concesionario de manera directa, y en estos 15 años de concesiones hemos entregado US$ 1,600 millones, entonces el impacto es para el país”, dice LAP.