La Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú) señaló que teniendo en cuenta el universo de mineros informales que hay en el Perú estimado por el Ministerio del Ambiente (Minam), de aproximadamente 400,000, el avance para su formalización resulta “insignificante”.
Agregó que según el Instituto Libertad y Democracia (ILD), de casi 70,000 mineros informales que presentaron compromisos de sostenibilidad ambiental al Minam, solo cinco de ellos (entre personas naturales y cooperativas) lograron completar el proceso de formalización en los tres primeros años de implementación.
“A partir del Decreto de Urgencia N° 012-2010, publicado el 18 de febrero de 2010, se ha buscado diferenciar al minero informal del ilegal; sin embargo, hasta ahora existe una difusa definición de ambos”, indicó.
Explicó que según el artículo 2° del Decreto Legislativo N° 1102, toda actividad minera ejercida en zonas en las que esté prohibido el ejercicio de actividad minera, se considera ilegal. En tanto que la minería informal es aquella actividad realizada sin cumplir con las exigencias normativas de carácter administrativo, técnico, social y medioambiental que la regulan, en zonas no prohibidas para la actividad minera.
“En otras palabras, la minería informal no llega a ser ilegal por el solo hecho de no realizarse en zonas naturales protegidas; a pesar de emplear técnicas que destruyen los ecosistemas y prácticas sociales que atentan contra los derechos humanos, así como evadir deberes fiscales propios de una actividad económica”, dijo el gremio empresarial.
Ante esta problemática, la respuesta del Gobierno ha sido la “interdicción”, que significa la destrucción total de campamentos mineros (informales e ilegales), y solo en el 2015 se realizaron 62 interdicciones y cada operativo le cuesta al Estado S/ 1 millón, según la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
“Esta respuesta resulta altamente ineficiente ya que, según la Oficina de Asuntos de Formalización de la Minería de la PCM, una respuesta eficaz conllevaría una intervención quincenal. Además, la maquinaria y mobiliario destruido podría ser utilizado en actividades alternativas formales”, anotó.
Según la PCM y el Minam, desde 2001 a 2014, solo en la zona de amortiguamiento de Tambopata se deforestó cerca de 50,000 hectáreas debido a la minería ilegal y se invadió cerca de 500,000 hectáreas.
A raíz de estos resultados, los candidatos a la presidencia de la República vienen debatiendo sobre las posibles medidas que se implementarán.
Por un lado, Keiko Fujimori propone la derogación de los decretos de formalización de la minería ilegal debido a que no han generado impactos y busca una participación más activa de las comunidades en la industria minera local; por el otro, Pedro Pablo Kuczynski plantea la creación de un banco de fomento que apoye la tecnificación de las pequeñas mineras.
“Sin embargo, toda iniciativa destinada a formalizar al sector minero se verá truncada, si no se resuelve primero la deficiente focalización de los actores. Resulta incoherente querer trabajar con aquellos mineros que, bajo la presente legislación, no son ilegales a pesar de destruir los ecosistemas y cometer delitos que atentan contra los derechos humanos”, señaló Comex.
En ese sentido, sugirió trabajar con aquellos pocos mineros formalizados que realmente generen desarrollo sostenible al sector y contribuyan con un manejo adecuado de estos recursos tan valiosos para el Perú.
“Si realmente se quiere poner freno a estas actividades, el Estado debería primero deslindar de las mismas, luego bastará con hacer respetar la ley”, finalizó.
