Luego de que el diario británico Financial Times señalara en un informe de que el Perú puede convertirse en una superpotencia mundial en producción de cobre al 2025, desplazando a Chile, ComexPerú aseguró que las posibilidades son altas, tomando en cuenta los proyectos actuales que ya se encuentran en ejecución.

En ese sentido, el semanario de ComexPerú refirió que, según el Ministerio de Energía y Minas (MEM), “el Perú presenta nuevos proyectos y nuevas áreas de exploración, a diferencia de Chile, que posee un alto nivel de reservas, pero poca presencia de proyectos innovadores e interesantes”.

Así, según cifras del U.S. Geological Survey (USGS), nuestro país se encuentra en el tercer lugar del mundo en producción de cobre, con 1.2 millones de toneladas ™ en 2012, por debajo de China (1.3 millones de TM) y Chile (5.3 millones de TM).

Mientras que en niveles de reservas de dicho metal, el Perú, con sus 76 millones de TM, es superado solamente por Australia (86 millones de TM) y Chile (190 millones de TM).

“Se estima que, en 2025, el Perú llegará a producir 5 millones de TM anuales, de desarrollarse todas las inversiones planificadas (52 proyectos equivalentes a US$ 53,000 millones) durante los próximos 10 años”, indicó el Semanario.

Retos
ComexPerú sostuvo que el Perú enfrenta dos principales retos para alcanzar estos objetivos: la excesiva burocracia para otorgar los permisos y licencias de funcionamiento para los distintos proyectos extractivos, y el descontento que generan las actividades extractivas en las comunidades andinas.

Respecto a lo último, señaló que, a diferencia de Chile, donde las áreas de producción del metal rojo se concentran en el desierto de Atacama, en el Perú se ubican algunas veces en zonas pobladas altoandinas, en donde el discurso político contra la minería que desinforma a la población tiene a veces eco.

“Para solucionar los problemas mencionados, es necesaria la facilitación de procesos y otorgamiento de licencias, el mejoramiento en el acercamiento del Gobierno central a las comunidades afectadas, la reinstauración del principio de autoridad y de respeto a las instituciones; pero, sobre todo, la inversión en estrategias de comunicación y socialización con las poblaciones perjudicadas por parte de las empresas privadas”, culminó.