Perú descendió del puesto 9 al 38 en el ranking de reputación como zona de interés en inversión minera, elaborado por el Instituto Fraser. Una caída libre de 29 peldaños. Chile lidera a sus vecinos latinoamericanos al ubicarse en el puesto 11. ¿Pero a qué obedece esta percepción?

Pese al potencial geológico del país, “la pérdida de competitividad responde a que la actual y anterior gestión no han podido enfrentar conflictos sociales, debido a una falta de estrategia”, así lo sustenta Jorge Manco, investigador de la UNMSM.

Esto ha quedado expresado en el emblemático caso Conga –anota-, pero también se remonta a lo ocurrido en Cerro Quilish, donde en 2004 las protestas de la población cajamarquina frustraron los planes de expansión de Yanacocha.

En 2005, Yanacocha tenía una producción de casi 3 millones 200 mil onzas de oro; hoy en día, no produce siquiera 1 millón 300 mil onzas, refiere.

Al factor de conflictos sociales se suma la demora en la ejecución de algunos proyectos mineros. En esa línea, Toromocho –sostiene- vería finalmente la luz, pero es casi el único.

Por tanto, “no basta que las firmas del sector anuncien los proyectos, es necesario promocionarlos”, sobre todo, advierte, porque “se vienen épocas de vacas flacas”.

El liderazgo chileno a nivel de América Latina –añade- obedece a su mayor estabilidad e institucionalidad. Así, Chile se torna “más previsible para los inversionistas”, argumenta el también ex asesor del despacho ministerial de Energía y Minas, quien enfatiza que Perú requiere políticas de valor agregado en el sector minero.

La evolución respecto a la producción del cobre sustentará, en buena parte, el crecimiento de la minería peruana, indica. “Nosotros tenemos un potencial minero que podríamos producir 5 millones (o más) toneladas de cobre, pero lo que marca la diferencia entre Chile y Perú es la participación del Estado”.

¿Nueva fuente de conflictos?
Manco advierte sobre lo contemplado en el decreto supremo respecto a la reducción de plazos para obtener la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

Según menciona, la aplicación del silencio administrativo una vez transcurridos unos tres meses desde la presentación del EIA “podría ser una fuente renovada de conflictos”.