Estos son extractos de la ponencia de la investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos y exministra de Desarrollo e Inclusión Social en la Mesa Redonda sobre Política Económica organizada por Gestión, Intelfin y el Instituto Perú de la Universidad San Martín de Porres.

El peso de la confianza en el crecimiento económico del Perú
Recuperar la confianza es el principal desafío, y para eso hay que usar los instrumentos que todavía no se activan. La pregunta es ¿cuál es el umbral en el que vamos a activar una política contracíclica para dar ese shock de confianza? No hemos tenido esa discusión en el país, el Gobierno no ha dado una señal de qué va a hacer si bajan las expectativas de 5.7% a 5.5%.

Dados los recursos que se tienen, ¿hay una oportunidad de hacer política contracíclica?, ¿esta tiene que ver con infraestructura? Luego de mi paso por el sector público, soy escéptica acerca del efecto de corto plazo de un shock de infraestructura, porque hacerlo rápido significa que comienza el próximo año y los resultados demoran muchísimo en aparecer. Es imprescindible, y hay que hacerlo, pero no sé si es la medida más inmediata. Tal es el caso de mi experiencia con el Fonie, que con todos los procesos simplificados y tomando ventaja de proyectos que estaban listos, se ha asignado hasta ahora menos de la mitad del fondo. Eso implica que los beneficios se verán dentro de 18 meses, con suerte.

Tomando la experiencia de lo que se hizo en el 2008-2009, hay algunas cosas que funcionan mejor que otras para el corto plazo y otras que permiten trabajar desafíos más de estructura, de productividad en zonas rurales, lo que sigue siendo un gran desafío. Además, debemos pensar políticas para la clase media, dados los cambios que estamos viendo en las zonas urbanas. Salvo el Fondo Mivivienda, no tenemos ninguna política orientada a la consolidación de la clase media que sí tendría un efecto de confianza y contracíclico muy rápido. Hay que mirar el tema de confianza considerando lo que puede tener un efecto en el corto plazo.

Priorizar las reformas y gastar mejor en programas sociales
Ha crecido mucho el gasto social en este gobierno en servicios universales (salud y educación), así como en los programas sociales. Con suerte se ha cambiado la tendencia de años anteriores y ahora crece más el presupuesto para servicios universales que para programas sociales, porque estos últimos están ideados para compensar y atender a unos pocos y en lograr que quienes no utilizan los servicios universales los puedan usar. El mayor énfasis tiene que estar en los servicios universales y eso se nota en el presupuesto de este año, del año pasado y el anterior.

Claramente la reforma del Servicio Civil es fundamental para casi todo lo que hemos mencionado en esta mesa. Hay espacio para destrabar procesos, mejorar la gestión, para retener a los mejores cuadros, para no retener a los cuadros que no cumplen su función, pero los resultados no los vamos a ver en dos, cuatro o cinco años, pero hay que hacer esta tarea.

Los programas sociales han crecido en el presupuesto presentado en una proporción menor respecto a la del período 2012-2013, pero en el caso de los programas en el Midis, el 90% de los recursos para el 2014 están en PpR, y esa es la principal reforma. Hay una serie de candados puestos a estos programas para que no vayan donde no tienen que ir; además, con una fiscalización mucho mayor y una gestión mucho mejor. El grueso de los recursos del presupuesto que van a protección social está en el Midis y estos están en PpR.

El desafío de las reglas fiscales y del futuro del canon
Hay que resaltar mecanismos como el Foniprel, que tiene la combinación de asistencia técnica a la inversión. El Programa de Incentivos Municipales es interesante para los que cumplen determinados procedimientos que ayudan a mejorar su gestión y gasto, o el Fonie, con nuevas reglas para asignar recursos. Son varios instrumentos en manos del sector público para mejorar el problema de la inversión en las regiones.

Tenemos que enfrentar la reforma del canon, pero esto no es fácil; es prácticamente imposible con un Congreso elegido con una base de representantes provincianos, lo que los lleva a rechazar cualquier intento de cambio. Además, las demarcaciones territoriales son inútiles a nivel de distritos y provincias para usarlas como reglas de distribución del canon, unido a que hay información de muy mala calidad debajo del nivel regional.