El turismo informal evade impuestos por cerca de US$ 700 millones, según información de Canatur. Su presidente, Carlos Canales, explicó que este monto corresponde al 70% de los operadores que no emiten comprobantes de pago.

La responsabilidad –señaló- no solo es del Gobierno (Sunat, Mincetur y el Ministerio de Trabajo), sino de los gremios empresariales que no reportan a quienes ejercen la actividad turística de forma irregular.

“Es responsabilidad pública y privada. También somos responsables por lo que no hacemos”, reflexionó. “Nosotros hemos planteado el tema muchas veces, pidiendo una fiscalización. No tenemos miedo de hacer las denuncias respectivas contra los informales. Con eso responsabilizamos e identificamos los delitos”, añadió

El 70% de operadores turísticos – advirtió- viene como “mochileros” sin adquirir los servicios previamente, de los cuales –acotó- “muchos” pueden obtener servicios de informales que no emiten comprobantes de pagos.

“Los informales compiten deslealmente con aquellos que están agremiados y sí pagan impuestos”, señaló. “Debe existir una sola legislación nacional (y no una distinta en cada región) para identificar a quienes infringen la ley”, sugirió.

Calidad
Canales remarcó que es menor la probabilidad que el turista reporte un mal servicio si contrata a un informal. “En el 2010, Machu Picchu fue cerrado entre enero y marzo para restaurar el acceso a través de los trenes, pero en la Plaza de Armas del Cusco se comercializaban entradas al centro arqueológico. Fueron estafados más de 3 mil turistas extranjeros en aproximadamente 60 días”, recordó.